La Suprema Corte confirmó este miércoles que en San Rafael se realizarán las elecciones de convencionales municipales el próximo domingo 22 de febrero. La definición llegó luego de una audiencia de conciliación convocada de manera urgente por el máximo tribunal provincial, en el marco del planteo judicial presentado por el diputado nacional José Luis Ramón.
El entendimiento alcanzado entre las partes permitió destrabar el conflicto que ponía en duda la votación. Como parte del acuerdo, el municipio se comprometió a someter la futura Carta Orgánica a un referéndum ciudadano, condición que terminó por desactivar la medida cautelar que buscaba suspender los comicios.
La conciliación que evitó un fallo de la Suprema Corte
El encuentro se convocó ante la proximidad de la fecha electoral. Allí se resolvió que la elección de convencionales municipales se realizará tal como estaba prevista en el calendario. A partir de ese acuerdo, quedó sin efecto tanto el proceso cautelar como el expediente principal vinculado al planteo de inconstitucionalidad.
De esta manera, la Suprema Corte no deberá expedirse sobre el fondo de la cuestión. El conflicto quedó cerrado por la vía de la conciliación.
Qué se votará el 22 de febrero en San Rafael
El próximo domingo, los votantes de San Rafael elegirán dos categorías: concejales y convencionales municipales. Estos últimos serán los encargados de redactar una eventual Carta Orgánica para el departamento.
El punto central del acuerdo establece que el texto que surja de esa convención no entrará en vigencia automáticamente. El municipio deberá convocar a un referéndum ciudadano en futuras elecciones de concejales. Solo si la mayoría aprueba el nuevo texto, la Carta Orgánica tendrá validez normativa.
El origen del planteo judicial
La controversia comenzó tras la presentación realizada por el diputado nacional José Luis Ramón, quien pidió la suspensión de la elección de convencionales. El legislador cuestionó la legalidad de la convocatoria impulsada por el municipio para avanzar en la redacción de su propia Carta Orgánica.
Entre los argumentos, se sostuvo que el proceso podría resultar inconstitucional. Según el planteo, si bien la Constitución nacional reconoce la autonomía municipal, Mendoza aún no habría definido completamente el marco normativo para su implementación. En ese contexto, un municipio no podría avanzar de manera unilateral en una reforma institucional de ese alcance.
También se objetó que la ordenanza que habilitó la elección fue aprobada por mayoría simple en el Concejo Deliberante, cuando —según esa interpretación— una reforma de este tipo requeriría mayorías especiales. A esto se sumaron cuestionamientos formales vinculados a la falta de una consulta popular previa y a aspectos relacionados con la publicación de la norma.
El dictamen de Fiscalía y la dimensión política
Antes de la audiencia, la Fiscalía de Estado había emitido un dictamen que dio curso al planteo y remitió el expediente a la Suprema Corte para su resolución urgente. Esa decisión abrió un escenario de incertidumbre sobre la realización de los comicios.
El conflicto también tuvo repercusiones políticas. La vicegobernadora Hebe Casado se pronunció en redes sociales y vinculó la discusión judicial con la disputa electoral en el departamento. En un mensaje publicado en X, sugirió que la cautelar podía estar asociada a una estrategia frente a una posible derrota en la elección de convencionales.
Ese cruce trasladó el debate del plano estrictamente jurídico al escenario político local.
Qué cambia tras el acuerdo alcanzado
Con la conciliación sellada ante la Suprema Corte, el proceso electoral sigue su curso sin modificaciones. No habrá suspensión y tampoco un fallo sobre la constitucionalidad de la convocatoria.
El cambio sustancial es la incorporación obligatoria del referéndum ciudadano. Así, la decisión final sobre la eventual Carta Orgánica no quedará solo en manos de los convencionales, sino que dependerá del voto directo de los vecinos.
El conflicto que amenazaba con alterar el calendario electoral se resolvió con un acuerdo institucional que, en los hechos, traslada la última palabra a las urnas.
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