La inseguridad alimentaria dejó de ser un problema exclusivo de los sectores más vulnerables y comenzó a instalarse con fuerza entre quienes tienen empleo registrado. Así lo muestra la primera encuesta nacional sobre alimentación en población asalariada, elaborada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), que arroja cifras preocupantes.
Según explicó Lucrecia Freije, Licenciada en Relaciones Internacionales e investigadora del ODSA, el relevamiento se realizó sobre una muestra de aproximadamente 1.200 trabajadores formales, con representación en todas las provincias y regiones del país.
Resultados que encienden alertas
Uno de los datos más impactantes del estudio indica que el 83,5% de los trabajadores encuestados atraviesa algún tipo de vulnerabilidad alimentaria. Esto implica que, por razones económicas, muchas personas reducen la cantidad de comida diaria o deterioran la calidad nutricional de lo que consumen.
Freije señaló que estos resultados sorprendieron incluso a los propios investigadores, ya que se trata de una población que, en teoría, cuenta con ingresos estables dentro del mercado formal.
Doble privación: menos cantidad y peor calidad
El informe también advierte sobre una situación aún más crítica: el 46% de los trabajadores sufre simultáneamente dos formas de privación, es decir, come menos y peor.
Este fenómeno refleja un deterioro profundo en las condiciones de vida, ya que no solo se trata de acceder a alimentos, sino de hacerlo en condiciones que garanticen una nutrición adecuada.
Un cambio en el perfil de la vulnerabilidad
Históricamente, los niveles de inseguridad alimentaria en trabajadores registrados se ubicaban entre el 12% y el 13%. Aunque ya eran cifras elevadas, representaban una proporción significativamente menor a la actual.
El salto a los niveles actuales marca un cambio estructural: el problema ya no se limita a sectores informales o precarizados, sino que alcanza a quienes tienen empleo formal.
El trabajo ya no garantiza bienestar
Otro de los puntos que remarcó la investigadora es que estos datos reflejan una pérdida del poder adquisitivo sostenida en el tiempo. Tener empleo dejó de ser garantía de acceso a condiciones básicas como la alimentación adecuada.
En este contexto, la inseguridad alimentaria aparece como uno de los indicadores más sensibles del deterioro social, ya que impacta directamente en la salud y la calidad de vida de la población.
Una problemática en expansión
El estudio advierte que, de incluir a trabajadores informales y sectores más vulnerables, los niveles de inseguridad alimentaria serían aún más altos.
Esto refuerza la necesidad de políticas públicas que aborden el problema de manera integral, considerando no solo el acceso a alimentos, sino también su calidad nutricional.
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