La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a los responsables de la tragedia de Cuesta de los Terneros, el siniestro vial ocurrido en junio de 2017 en San Rafael, Mendoza, que provocó la muerte de 15 personas y dejó 29 heridos. El tribunal ratificó que el micro involucrado no estaba en condiciones de circular y que su habilitación fue posible a partir de maniobras fraudulentas en la Revisión Técnica Obligatoria.
El fallo fue dictado por los jueces Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, integrantes de la Sala IV, quienes avalaron las penas impuestas a la propietaria del ómnibus y a los responsables del taller mecánico y del sistema técnico que permitió adulterar la información del vehículo.
El siniestro que conmocionó a Mendoza
El hecho ocurrió el 25 de junio de 2017, cuando un micro que regresaba desde el centro de esquí Las Leñas volcó tras impactar contra un cerro en la Cuesta de los Terneros. A bordo viajaban alumnas y alumnos de la escuela de danza “Soul Dance”, junto a madres acompañantes y dos conductores.
Entre las víctimas fatales hubo niñas, niños, adolescentes, adultos y uno de los choferes. La tragedia de Cuesta de los Terneros generó una profunda conmoción social y abrió una investigación exhaustiva sobre los controles estatales y privados que autorizaron la circulación del vehículo, especialmente por tratarse de un viaje de larga distancia con menores.
Un vehículo que nunca debió circular
La causa, tramitada en el fuero federal, determinó que el ómnibus no estaba apto para circular y que la documentación presentada para la Revisión Técnica Obligatoria había sido adulterada en un taller de la ciudad bonaerense de San Justo.
Durante la investigación se detectaron irregularidades en los papeles correspondientes a dos dominios vinculados a Marcia Gabriela Villagra, propietaria del micro. A partir de estas inconsistencias, la Subsecretaría de Transporte inició un sumario administrativo para analizar las habilitaciones otorgadas.
La maniobra para evadir controles
El análisis técnico de la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT) reveló que en el taller “Control Automotor Buenos Aires S.A.” se realizaron modificaciones ilegales en el sistema informático de la Revisión Técnica Obligatoria.
Entre las maniobras detectadas se incluyeron desbloqueos para alterar el año y modelo de los vehículos, extender de manera artificial su vida útil y modificar el tipo de servicio declarado. En varios casos, la categoría de “transporte oneroso de pasajeros” fue reemplazada por la de “transporte por cuenta propia”, lo que permitía eludir controles más exigentes y evitar la fiscalización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Las condenas confirmadas por Casación
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las siguientes penas: Mario Pinelli, dueño del taller mecánico, fue condenado a cinco años de prisión; el ingeniero Mario Gabriel Eusebio recibió una pena de cuatro años y cuatro meses; Edgardo Marcelo Gallardo fue condenado a tres años; Ignacio Efraín Peralta a dos años y diez meses; y Marcia Gabriela Villagra, propietaria del ómnibus, a tres años de prisión.
Según el fallo, todos fueron hallados responsables de haber intervenido de manera directa en las maniobras que posibilitaron la circulación del vehículo sin reunir las condiciones mínimas de seguridad para el transporte de pasajeros.
Un modus operandi probado
En la sentencia, el juez Gustavo M. Hornos subrayó que las normas viales están diseñadas para reducir los riesgos inherentes a la conducción de vehículos de gran porte, especialmente en el caso de ómnibus de pasajeros. Señaló que, cuanto mayor es el riesgo, más estrictos deben ser los controles para proteger la vida de las personas.
El magistrado destacó además que la detección de 31 dominios involucrados en falsificaciones demuestra que no se trató de un error aislado, sino de un verdadero modus operandi destinado a otorgar autorizaciones a vehículos que no podían obtenerlas legalmente. Sobre Pinelli, sostuvo que fue quien armó toda la estructura necesaria para que el ilícito pudiera concretarse, articulando la participación del taller, personal administrativo e ingenieros.
El reclamo persistente de las familias
Durante todos estos años, las familias de las víctimas de la tragedia de Cuesta de los Terneros realizaron marchas y actos públicos para exigir justicia. El fallo de Casación representa un paso clave dentro de un proceso judicial largo y doloroso, marcado por la búsqueda de responsabilidades y la necesidad de que hechos similares no vuelvan a repetirse.
Una absolución confirmada con disidencia
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó también la absolución de Sirlane Alves de Almeida, dictada previamente por el Tribunal Oral Federal de San Martín N°4. No obstante, el juez Hornos votó en disidencia y consideró que correspondía revocar esa absolución y dictar una condena en esta instancia.
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