En un giro significativo dentro de la Causa YPF, la República Argentina obtuvo un fallo favorable por parte de la Cámara del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. La decisión ordena la suspensión preventiva de la entrega de las acciones de YPF a los fondos demandantes, medida que había sido previamente rechazada por la jueza Loretta Preska.
Este fallo representa una bocanada de aire para el país, inmerso en un extenso litigio internacional que podría costarle más de 16.000 millones de dólares por presuntas irregularidades en la estatización de YPF en 2012.
El fallo que suspende la entrega de acciones
La decisión del tribunal de apelaciones no tiene una duración establecida: es de carácter indefinido hasta que se convoque a un nuevo tribunal que determine cómo seguir. Según el texto oficial:
“Se ordena que el Tribunal conceda una suspensión administrativa temporal de la Orden de Transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión”.
Este freno a la orden original impide, al menos por ahora, que la Argentina tenga que entregar las acciones Clase D de YPF, que había sido exigido por la jueza Preska en cumplimiento de una sentencia de 2023. Esa sentencia obligaba al Estado argentino a compensar a Burford Capital con u$s16.100 millones, por la presunta violación de los derechos del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa).
Qué exigía la orden de Preska
La medida de Preska, emitida recientemente, había ordenado al país:
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Transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM) en Nueva York.
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Cumplir con esta orden en un plazo de 14 días.
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Permitir que BNYM transfiera las acciones a los demandantes o sus designados un día hábil después del depósito.
Dicha orden fue interpretada por el Gobierno argentino como una violación de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y un intento de aplicar jurisdicción estadounidense de manera inconstitucional sobre activos soberanos.
La defensa argentina y los argumentos jurídicos
La defensa legal de Argentina planteó varios puntos críticos en su apelación. En primer lugar, sostuvo que la orden de Preska va en contra del derecho federal de EE.UU. y de la FSIA, que protege a los estados soberanos frente a medidas coercitivas en tribunales extranjeros.
Además, la Argentina advirtió sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” y señaló que el reclamo de los fondos tiene implicancias diplomáticas y financieras graves.
Un punto a favor de la posición argentina es el respaldo que recibió en su momento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump. Esa declaración de interés fue presentada como un apoyo institucional clave que refuerza el argumento de que las acciones de YPF son activos soberanos protegidos.
Contexto de la Causa YPF
La Causa YPF se remonta a la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera en 2012, cuando el Estado argentino compró ese paquete a la empresa Repsol. Poco después, los fondos Burford Capital y Eton Park Capital demandaron al país alegando que la operación violó sus derechos como accionistas minoritarios.
Burford Capital, una firma especializada en financiamiento de litigios, compró los derechos legales del Grupo Petersen e IEASA para iniciar la demanda. El argumento central es que el Estado argentino debió haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar también las acciones de los socios privados, cosa que no ocurrió.
¿Qué viene ahora para la Causa YPF?
Con este fallo de suspensión preventiva, el Estado argentino gana tiempo, pero el proceso está lejos de cerrarse. La Corte del Segundo Circuito aún debe revisar de fondo la solicitud de apelación.
De no prosperar, el país no descarta recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, el último recurso dentro del sistema judicial norteamericano. Ese paso, sin embargo, podría llevar varios meses más y no garantiza un resultado favorable.
Mientras tanto, la Causa YPF sigue afectando el frente económico y diplomático del país. Uno de los pedidos más polémicos realizados por los fondos demandantes fue el de información detallada sobre activos estratégicos como:
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Reservas de oro del Banco Central,
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Acciones de otras empresas estatales,
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Bonos y cuentas bancarias del Tesoro argentino.
Estos pedidos fueron interpretados por la defensa como un intento de presionar para ejecutar embargos que vulneren la soberanía económica nacional.
La suspensión ordenada por el tribunal de apelaciones representa una victoria táctica para la Argentina dentro de una batalla legal compleja y con impacto global. No resuelve el conflicto, pero impide por ahora la transferencia de acciones clave de YPF y da margen para fortalecer la defensa ante futuras instancias judiciales.
La Causa YPF no solo enfrenta al país con fondos buitre en tribunales extranjeros, sino que también pone en juego principios fundamentales del derecho internacional, la soberanía sobre activos públicos y la legitimidad de decisiones tomadas en nombre del interés nacional.
