La reciente sentencia de la jueza Loretta Preska en el tribunal del segundo distrito de Nueva York, que obliga a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF, no es simplemente un episodio jurídico. Es una muestra del modo en que el sistema financiero internacional se ha convertido en un arma de presión contra las decisiones soberanas de los Estados. Es un fallo hecho a medida de los fondos buitre, diseñado para legitimar su negocio.
En este caso, el negocio está clarísimo: Burford Capital, un fondo que se dedica a financiar litigios con la esperanza de obtener sentencias multimillonarias, compró por 17 millones de euros los derechos para litigar contra Argentina, y terminó capitalizándolos por más de mil millones de dólares. Ni más ni menos que especulación judicial, con dividendos siderales.
Burford y la industria de los juicios
Burford Capital no es un actor nuevo. Opera como una especie de “banco de litigios”, comprando causas en países en crisis o con economías inestables, y apostando a que los tribunales del Norte Global le den la razón. En este caso, fue más allá: en 2016 comenzó a vender partes de sus futuros ingresos por el caso YPF, asegurándose ganancias incluso antes de conocer la sentencia final. Entre 2016 y 2019, vendió casi el 39% de su derecho litigioso por 236 millones de dólares.
No es justicia. Es ingeniería financiera con toga y martillo. Y si lo logra es porque encuentra jueces dispuestos a convalidar operaciones legales construidas sobre una estructura política muy concreta: la desregulación total y la supremacía del capital privado sobre las decisiones de los Estados.
Un fallo contra la Constitución Argentina
La expropiación de YPF en 2012 cumplió con todos los requisitos constitucionales que establece el artículo 17 de la Carta Magna: utilidad pública, ley del Congreso y compensación al propietario. Repsol, la empresa española expropiada, negoció y aceptó el pago de 5.000 millones de dólares en bonos. El acuerdo fue aprobado por el Congreso argentino en 2014.
Sin embargo, la sentencia de Preska ignora esta realidad. Basada en una interpretación del estatuto interno de YPF —una norma societaria de menor jerarquía— la jueza considera que debió haberse hecho una oferta pública a los accionistas minoritarios. Y no solo eso: llega al punto de sugerir que Argentina debería cambiar sus propias leyes para cumplir con su fallo.
El argumento roza el absurdo. La jueza actúa como si estuviera por encima de la Constitución de un país soberano. Y lo hace con una naturalidad alarmante, como si fuera parte de un nuevo orden jurídico mundial donde los jueces estadounidenses dictan la legislación para los países del sur global.
Presión política y contradicciones internas
En medio de este escenario, la respuesta del Gobierno argentino es ambigua y peligrosa. Javier Milei anunció que apelará el fallo, pero al mismo tiempo acusó al entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, de haber manejado mal la expropiación. Estas declaraciones públicas —aprovechadas por los fondos litigantes— erosionan la estrategia de defensa del país en los tribunales internacionales.
Mientras tanto, sectores del oficialismo aseguran que se buscará una negociación con los demandantes, aunque por canales discretos para no confrontar con Estados Unidos. La ex subsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti, advirtió que el Gobierno podría estar negociando en silencio mientras mantiene una postura formal de defensa en la Corte.
Por su parte, Kicillof denunció que el Gobierno nacional tiene vínculos con los representantes del fondo Burford, y pidió iniciar investigaciones. Aunque aún no hay pruebas concretas, el dato refleja la tensión creciente entre las provincias, la Nación y el sistema judicial internacional.
El problema no es YPF: es el precedente
Este no es un juicio más. Es una amenaza estructural para todos los Estados democráticos. Si se convalida esta sentencia, cualquier decisión soberana —como nacionalizar un recurso natural, cambiar una ley ambiental o limitar el accionar de una corporación— podrá ser litigada en tribunales internacionales al margen de las leyes nacionales.
Es el avance de una “justicia global del capital”, donde los derechos de los inversores están por encima de los derechos de los pueblos. Donde los Estados dejan de ser soberanos para convertirse en deudores permanentes de fondos buitre y corporaciones financieras.
YPF hoy, ¿y mañana?
El caso YPF es un síntoma. Hoy se disputa en Nueva York si Argentina puede o no controlar sus propios recursos. Mañana puede ser el litio, el gas o el sistema jubilatorio. El fallo Preska no solo afecta a una petrolera estatal. Es una advertencia para toda América Latina y para cualquier país que quiera tomar decisiones sin el aval de Wall Street.
Argentina no está sola. Muchos actores del sistema político y económico local —incluso con visiones ideológicas enfrentadas— se pronunciaron en contra del fallo y en defensa de la soberanía nacional. El directorio de YPF emitió un comunicado aclarando que no es parte en el litigio y que las decisiones del tribunal estadounidense pueden ser apeladas.
Defender a YPF es defender el derecho a decidir
YPF representa hoy mucho más que una empresa petrolera. Representa el derecho de un país a tomar decisiones sobre sus recursos, su economía y su destino. El fallo en Nueva York es escandaloso, no solo por lo que implica económicamente, sino por el modelo de dominación judicial y financiera que intenta legitimar.
La defensa no puede ser tibia ni retórica. Requiere convicción, unidad y coraje. Porque lo que está en juego no es solo un juicio. Es el futuro mismo del derecho soberano a decidir.
Más información relacionada
https://x.com/Kicillofok/status/1940179705572782119
https://lv18.com.ar/ypf-acordo-la-venta-de-todas-sus-areas-maduras-en-mendoza/
