El Gobierno de Mendoza ha oficializado un gasto millonario de $36.000.000 destinado al mantenimiento de la residencia oficial del Gobernador, ubicada en la calle Francia 809, en La Puntilla, Luján de Cuyo. La medida fue establecida mediante un decreto firmado por la vicegobernadora Hebe Casado, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo.
El documento fue publicado en el Boletín Oficial este jueves 14 de agosto y refrendado por los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y de Hacienda y Finanzas. Según lo estipulado, el monto cubrirá los gastos de administración, cuidado y mantenimiento del inmueble durante el tercer trimestre del año: julio, agosto y septiembre de 2025.
Detalle del presupuesto y destino de los fondos
El decreto precisa que los $36 millones serán transferidos al Fideicomiso de Administración para el Cuidado y Mantenimiento de la Residencia de Gobernación, entidad encargada de administrar los recursos y asegurar la conservación del inmueble. El financiamiento provendrá de la Tesorería General de la Provincia, con cargo a las partidas presupuestarias establecidas en la Ley de Presupuesto 2025 (Ley Nº 9601).
De este total, se destinarán $12 millones por mes para cubrir servicios, insumos, personal y otras necesidades operativas que garanticen el funcionamiento de la residencia. Desde el Ejecutivo provincial se aseguró que el monto cuenta con respaldo presupuestario y que se cumplió con el trámite contable interno previsto por el Decreto 2142/18.
Origen de la residencia oficial
La actual residencia oficial del Gobernador de Mendoza tiene un origen particular. En 2017, la familia Pescarmona donó el inmueble a la provincia con el objetivo de que funcionara como sede protocolar y espacio de trabajo para el mandatario de turno. Desde entonces, la propiedad no solo se utiliza como vivienda oficial, sino también como lugar para la realización de eventos institucionales y recepciones de carácter oficial.
La casa, ubicada en una zona residencial de Luján de Cuyo, ha sido escenario de encuentros con autoridades nacionales e internacionales, así como de actividades organizadas por el Ejecutivo provincial.
Un gasto que genera debate
El gasto millonario destinado al mantenimiento de la residencia oficial no pasa desapercibido en el contexto económico actual. Si bien desde el Gobierno se argumenta que el desembolso responde a la necesidad de preservar un patrimonio de la provincia y garantizar su correcto funcionamiento, el monto ha despertado comentarios y cuestionamientos en distintos sectores.
Al tratarse de una propiedad de uso oficial, el mantenimiento regular es considerado clave para su preservación a largo plazo. Sin embargo, la cifra asignada para solo tres meses -equivalente a $12 millones mensuales- resulta significativa y es motivo de análisis sobre las prioridades en la asignación de recursos públicos.
Procedimiento administrativo y control del gasto
De acuerdo con lo detallado en el decreto, el procedimiento para autorizar el gasto millonario siguió las etapas previstas por la normativa vigente. La aprobación incluyó la verificación de la disponibilidad de fondos en el presupuesto provincial, la intervención de los ministerios involucrados y la publicación oficial que da publicidad y transparencia al acto administrativo.
El Fideicomiso de Administración para el Cuidado y Mantenimiento de la Residencia de Gobernación, como receptor de los fondos, deberá rendir cuentas sobre su uso y justificar cada erogación. Este esquema busca asegurar que el dinero se utilice de forma específica para los fines autorizados.
Contexto y proyección
El mantenimiento de residencias oficiales no es exclusivo de Mendoza. En varias provincias argentinas y en la Nación, estos inmuebles forman parte del protocolo institucional y requieren inversiones periódicas para conservarse en condiciones óptimas. Sin embargo, el monto aprobado por el Gobierno mendocino para este trimestre en particular coloca a este caso en el centro de la atención pública.
De cara a lo que resta del año, será clave observar si se mantiene el mismo nivel de gasto en los próximos trimestres o si se adoptan medidas de ajuste. La publicación en el Boletín Oficial y la transparencia en el uso de los fondos serán factores determinantes para la evaluación social y política de esta decisión.
