Se oficializó el lanzamiento de un protocolo de seguridad en Mendoza diseñado específicamente para abordar situaciones críticas, como amenazas de bomba, tiroteos o incidentes con tiradores activos. Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de unificar criterios de acción ante hechos que pueden poner en riesgo la integridad de la comunidad educativa.
Las autoridades han destacado que la prevención y la rapidez en la respuesta son los pilares fundamentales de este nuevo esquema de seguridad.
Guía de acción para directivos y personal escolar
La Dirección General de Escuelas (DGE) junto al Ministerio de Seguridad han elaborado guías detalladas para los responsables de los edificios escolares. Este protocolo de seguridad en Mendoza establece pasos claros sobre cómo proceder ante un llamado amenazante o la detección de un elemento sospechoso.
Se prioriza la comunicación inmediata con el 911 y la evacuación o resguardo de los estudiantes según la naturaleza del riesgo, evitando generar pánico innecesario y asegurando un perímetro de protección hasta la llegada de especialistas.
Operativo del 911 coordinando la respuesta inmediata ante una alerta escolar.
El rol de la policía y los grupos especiales
El nuevo esquema no solo alcanza a los civiles, sino que redefine la actuación de la fuerza policial. El protocolo de seguridad en Mendoza indica cómo deben intervenir los primeros uniformados en llegar al lugar y la coordinación posterior con divisiones de élite como el GRIS o el GES.
El objetivo es que los efectivos actúen bajo procedimientos estandarizados que minimicen el daño potencial y permitan neutralizar amenazas de forma técnica y profesional, diferenciando claramente entre una crisis por salud mental y un ataque deliberado.
Implementación y capacitación técnica en la provincia
Para que el protocolo de seguridad en Mendoza sea efectivo, el gobierno provincial iniciará un proceso de capacitación en distintos departamentos. Las guías ya se encuentran publicadas oficialmente y sirven como manual de consulta permanente para los directores.
Con esta medida, Mendoza se posiciona a la vanguardia en la gestión de crisis escolares, buscando transformar la incertidumbre en una respuesta institucional coordinada que garantice la continuidad del ciclo lectivo en un entorno protegido.
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