El Senado de la Nación aprobó este jueves un proyecto que introduce cambios sustanciales en la Ley de DNU. Con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa obtuvo media sanción y fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El objetivo central es limitar el alcance de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un recurso utilizado en reiteradas ocasiones por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023.
Qué cambia con la nueva Ley de DNU
La propuesta establece que los DNU deberán ser tratados obligatoriamente por ambas Cámaras en un plazo máximo de 90 días desde su emisión. Si una sola de ellas los rechaza, los decretos perderán validez de manera automática.
El régimen actual, en cambio, permite que los DNU sigan vigentes hasta que sean rechazados expresamente por Senado y Diputados, sin plazos definidos para su debate.
Votación en el Senado con la que se aprobó la media sanción a la modificación de la Ley de DNU.
Un freno al uso discrecional de los decretos
Los autores del proyecto remarcan que la herramienta fue concebida para situaciones excepcionales, pero que en los últimos años se convirtió en un mecanismo recurrente para legislar sin pasar por el Congreso.
Con esta reforma, se busca reforzar el rol del Poder Legislativo como contralor de los actos del Ejecutivo y evitar que un decreto pueda mantenerse en vigencia indefinidamente.
El caso de los DNU de Javier Milei
Desde su asunción, Milei firmó más de 80 DNU. El más controvertido fue el 70/2023, que implicó una profunda desregulación de la economía, modificando o derogando más de 300 leyes. Ese decreto fue rechazado por el Senado en marzo, pero sigue vigente porque Diputados aún no lo trató bajo el sistema actual.
Otros decretos incluyeron recortes en áreas sensibles como salud, educación, derechos laborales y privatizaciones, generando fuertes tensiones con la oposición y los sectores sociales.
La media sanción al proyecto que modifica la Ley de DNU representa un cambio clave en la dinámica institucional: obliga al Congreso a debatir y decidir en tiempo concreto, reduciendo el margen del Ejecutivo para gobernar por decreto.
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