La Justicia frenó el último intento autoritario del presidente Javier Milei. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, publicado hace apenas dos semanas, fue suspendido de manera provisoria por la jueza Moira Fullana, quien le puso un freno al intento del Ejecutivo de recortar el derecho a huelga y ampliar arbitrariamente las actividades esenciales.
El fallo responde a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó la constitucionalidad del decreto. Fullana le dio la razón: sostuvo que una reforma de esta magnitud no puede ser impuesta por decreto, sino que debe pasar por el Congreso.
Un intento de disciplinamiento laboral
El decreto suspendido buscaba endurecer las condiciones para declarar paros y restringir el alcance de las protestas laborales, una medida claramente orientada a debilitar el poder sindical en un contexto de creciente malestar social. Desde el oficialismo aprovecharon el envión electoral en la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con una agenda de ajuste que ahora choca con los límites legales.
Ataque directo al derecho a huelga
Según la CGT, el DNU de Milei viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por Argentina. El derecho a huelga no puede ser recortado por capricho presidencial ni por vía administrativa.
Pese al fallo, en Casa Rosada se mantiene el silencio oficial, aunque fuentes del entorno presidencial ya deslizaron que apelarán la medida para llevar la discusión a instancias superiores. La presión sobre la Justicia promete continuar.
Una Justicia que dice basta
El revés judicial ocurre en un clima de alta conflictividad laboral, con paros y movilizaciones convocados por las centrales obreras contra el brutal ajuste fiscal y el programa de desregulación que impulsa Milei. Desde la CGT celebraron el fallo como “un triunfo de la democracia” y adelantaron que seguirán “en la calle y en la Justicia” para defender el derecho a huelga frente a los embates del Ejecutivo.
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