El presidente Javier Milei promulgó este martes las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas ratificadas por el Congreso el pasado 2 de octubre tras el rechazo de los vetos presidenciales. Sin embargo, su aplicación quedó en pausa.
Mediante los decretos 759 y 760, publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó las leyes 27.795 (Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente) y 27.796 (Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud).
En los considerandos, el Gobierno aclaró que ambas normas “quedarán suspendidas en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional”.
Qué plantea la Ley de Financiamiento Universitario
La norma dispone actualizar las partidas para universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología a partir del 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, prevé incrementos bimestrales por IPC durante 2025 y una recomposición salarial mensual por inflación para docentes y no docentes.
Esta medida llega tras el veto presidencial de octubre de 2024, cuando Milei bloqueó una ley similar. En ese contexto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que, pese a un aumento nominal del 29%, el presupuesto universitario de 2025 sería el más bajo en 20 años, con una caída real del 32% respecto de 2023.
Según especialistas, esta situación pone en riesgo el funcionamiento de las universidades nacionales y el acceso a la educación superior gratuita, pilares centrales del sistema educativo público argentino.
Los ejes de la Ley de Emergencia Pediátrica
La Ley de Emergencia Pediátrica busca garantizar recursos y equipamiento esenciales para la atención infantil en todo el país. Entre sus principales medidas, establece la asignación prioritaria de fondos para medicamentos, vacunas, insumos críticos y mantenimiento edilicio de hospitales pediátricos.
También dispone la recomposición salarial inmediata del personal de salud que trabaja con población infantil, tanto asistencial como no asistencial, e incluye a los residentes de todas las especialidades vinculadas a pediatría.
Además, exime del pago del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores de la salud —en el ámbito público y privado— por actividades críticas, horas extras y guardias. La norma autoriza, asimismo, la compra directa de insumos y fármacos esenciales mediante procedimientos excepcionales contemplados en la Ley de Emergencia Pública.
Un debate que vuelve al Congreso
Aunque la promulgación formal ya se concretó, la aplicación de ambas leyes dependerá ahora del Congreso, que deberá definir el origen de los fondos y aprobar las partidas en el Presupuesto.
El pedido del Ejecutivo repite la fórmula utilizada con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que también permanece sin ejecución por la misma razón: la falta de financiamiento definido.
El escenario anticipa nuevos cruces políticos entre el oficialismo y la oposición, con el financiamiento de políticas sociales y educativas en el centro del debate parlamentario.
