El diputado provincial Germán Gómez presentó una propuesta que busca modificar el régimen de multas de tránsito en Mendoza. El proyecto plantea que las sanciones económicas puedan ser sustituidas por horas de trabajo comunitario. Según el legislador, el sistema actual perdió su fin educativo y terminó golpeando con más fuerza a quienes tienen menos ingresos.
Por qué se impulsa el cambio
Gómez sostiene que muchos infractores reconocen su falta, pero no pueden asumir multas que en algunos casos equivalen a más de 16 salarios mínimos. En un contexto de inflación alta, caída del salario real y aumento del empleo informal, pagar estas sanciones se volvió imposible para miles de personas.
Cómo funcionaría el sistema
La Propuesta permite que el infractor opte de forma directa por reemplazar la multa por trabajo comunitario. El esquema fija equivalencias según el tipo de infracción y prevé aumentos solo si hay reincidencia. La autoridad de juzgamiento deberá otorgar esta opción sin margen de discrecionalidad, lo que busca un criterio unificado en toda la provincia.
Dónde se cumplirá el trabajo comunitario
Las tareas podrán realizarse en organismos públicos, centros de salud, hospitales, comedores, campañas de seguridad vial y organizaciones sociales. La intención es que la sanción tenga un efecto reparador. La comunidad recibe colaboración real y el infractor devuelve tiempo y trabajo. Todo el proceso se certificará en un Registro Provincial de Trabajo Comunitario con validación digital.
El caso de las infracciones por alcoholemia
El proyecto mantiene una postura estricta en alcoholemia. Se conserva la retención de la licencia, la inhabilitación para conducir y la obligación de participar en programas educativos y terapéuticos. La sustitución de la multa solo podrá darse en situaciones económicas muy vulnerables y sin antecedentes recientes.
La mirada del legislador
Gómez afirma que el objetivo es evitar que las multas impagables funcionen como una “cárcel por pobreza”. Sostiene que una pena debe ser proporcional y posible de cumplir. También subraya que el castigo no debe tener un fin recaudatorio, sino educativo.
Formación obligatoria en seguridad vial
El proyecto incorpora capacitación obligatoria para todos los que ingresen al régimen. La intención es que el proceso no se limite al trabajo comunitario, sino que aporte un cambio real de conducta. Además, fija cupos por institución y reglas claras para evitar abusos o que el trabajo comunitario reemplace empleo formal.
Un cambio de enfoque
La Propuesta busca actualizar el sistema sancionatorio y alinearlo con principios de justicia social y eficacia real. Según el legislador, el modelo vigente castiga más a quienes menos tienen y no mejora la seguridad vial. La iniciativa apunta a una respuesta más justa y útil para la comunidad.
Más sobre «propuesta»
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