La empresa de gaseosas Manaos presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir o reducir la millonaria indemnización que debe pagarle a un viajante de comercio de San Rafael, Mendoza.
Se trata de la última instancia judicial que le queda a la firma para discutir una condena que, con intereses, podría superar los $900 millones.
La última jugada judicial de Manaos
La defensa de Refres Now SA, la razón social bajo la que se produce Manaos, confirmó que ya formalizó el recurso contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El fallo provincial había fijado una indemnización de $807.676.293,72, más los intereses que corren desde abril de 2025 hasta que se concrete el pago.
Junto con la presentación ante la Corte nacional, la empresa pidió que se suspendan los efectos de la sentencia. En particular, el plazo de cinco días hábiles establecido para depositar el monto una vez que el fallo quede firme.
Ahora la decisión está en manos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes deberán definir si aceptan intervenir y si corresponde revisar el monto de la condena.
Un caso que tomó dimensión nacional
El conflicto judicial de Manaos ganó relevancia por la magnitud de la indemnización.
En una primera instancia, la Segunda Cámara Laboral de Mendoza había fijado un monto que rozaba los $1.500 millones, impulsado por multas e intereses aplicados sobre el capital.
Luego, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó que existió fraude laboral en perjuicio del trabajador, pero modificó la fórmula de cálculo de intereses. Con ese cambio, la cifra bajó a poco más de $807 millones, más intereses hasta el pago efectivo.
Ese monto es el que ahora la empresa busca discutir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Qué cuestiona Manaos en su recurso
El recurso extraordinario presentado por Manaos se apoya en dos ejes centrales.
Por un lado, la empresa cuestiona la tasa de interés aplicada al cálculo de la indemnización. Desde la defensa sostienen que sigue siendo elevada y que genera un resultado desproporcionado.
Por otro, impugnan la nulidad del acuerdo de conciliación firmado en 2018 entre la empresa y el trabajador ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), en Buenos Aires.
En ese momento, el empleado percibió $236.000 en concepto de liquidación final e indemnizaciones.
Tanto la Cámara Laboral como la Suprema Corte mendocina consideraron que ese acuerdo fue una maniobra fraudulenta. Según los jueces, se habría simulado un despido cuando, en la práctica, el trabajador continuó prestando servicios durante cuatro años más bajo otras condiciones contractuales.
Para los tribunales provinciales, el objetivo habría sido excluirlo del régimen de viajante de comercio y registrarlo bajo un convenio más conveniente para la empresa.
Manaos sostiene lo contrario. Afirma que el acuerdo fue celebrado de mutuo acuerdo, homologado por la autoridad laboral y que, por lo tanto, tiene efecto de cosa juzgada y no puede revisarse años después.
¿Puede intervenir la Corte Suprema?
Para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en un caso resuelto por tribunales provinciales debe existir una cuestión federal, una sentencia arbitraria o una afectación concreta de garantías constitucionales.
Sobre esos argumentos se construye la presentación de Manaos.
La empresa invoca la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y sostiene que el cálculo de los intereses afecta su derecho de propiedad, al generar —según su postura— un despojo patrimonial injustificado.
También argumenta que el fallo habría resuelto cuestiones no planteadas originalmente, como la nulidad del acuerdo conciliatorio, y que no se evaluó adecuadamente el contexto económico al fijar las tasas de interés.
Para la compañía, el resultado final es objetivamente injusto y encuadra dentro de los supuestos que habilitan la intervención correctiva del máximo tribunal.
Con esta presentación, el expediente entra en su etapa decisiva. Si la Corte acepta tratar el caso, podría revisar la sentencia. Si lo rechaza, la condena quedará firme y la empresa deberá afrontar el pago millonario.
