Ocho años después del hundimiento del ARA San Juan, el dolor volvió a ocupar el centro de la escena. Esta semana comenzó en Río Gallegos el juicio oral que busca determinar responsabilidades penales por la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino se perdió en el Atlántico Sur con sus 44 tripulantes a bordo.
El buque fue hallado un año más tarde, a casi mil metros de profundidad. No hubo sobrevivientes. Desde entonces, las familias esperan respuestas.
Entre ellas está Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, suboficial primero y jefe de máquinas del ARA San Juan. En diálogo con LV18, Claudio habló con una mezcla de cansancio, bronca y una dignidad que no se negocia.
La expectativa de justicia, bajo la sombra de la desconfianza
El proceso tiene como imputados a cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina, acusados de incumplimiento de deberes, omisión de funciones y estrago culposo agravado. Son quienes, desde tierra, tenían la responsabilidad de supervisar la navegación del submarino.
Pero para las familias, el alcance del juicio es limitado.
“Un juicio de esta envergadura, por la pérdida de 44 profesionales y del único submarino que tenía el país, no puede resolverse en pocas semanas”, cuestionó Claudio. Según estimaciones, el debate podría extenderse alrededor de nueve semanas. Para los familiares, ese plazo anticipa un cierre apurado.
El reclamo también incluyó el pedido para que el juicio se realizara en Mar del Plata o Buenos Aires, más cerca de la mayoría de las familias. No fue concedido. Muchos deben seguir las audiencias por Zoom o YouTube. Otra distancia más que se suma a la que ya impuso el mar.
Familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan durante una de las marchas por justicia.
Las fallas advertidas y el silencio que nadie escuchó
“Mi hermano era jefe de máquinas. Ellos dejaban asentado qué fallaba, qué había que cambiar, qué debía ajustarse. No era algo oculto”, explicó.
El submarino había pasado por un proceso de reparación que se extendió mucho más de lo previsto. Cuando volvió al mar, acumulaba deficiencias técnicas. Sin embargo, zarpó.
La hipótesis de un incendio en baterías ya había tenido antecedentes en puerto. Pese a eso, el buque volvió a navegar. Para las familias, la pregunta es inevitable: ¿quién autorizó que saliera en esas condiciones?
¿Responsabilidad militar o también política?
El juicio actual se enfoca en responsabilidades militares. Pero los familiares insisten en que el análisis debería alcanzar también a las decisiones políticas y presupuestarias.
Claudio recordó que en su momento se investigó incluso un presunto espionaje a los familiares durante la búsqueda del submarino. Fotografías, seguimientos y reportes de inteligencia quedaron acreditados en la Justicia. Sin embargo, ese expediente terminó archivado.
“Mientras buscábamos a nuestros familiares, nos estaban espiando. Y lo justificaron como una cuestión de seguridad presidencial”, señaló con incredulidad.
Para las familias del ARA San Juan, ese fue el primer indicio de que la causa podía diluirse en responsabilidades menores y dejar afuera a quienes tomaron decisiones estructurales.
Hernán Rodríguez, uno de los tripulantes fallecidos.
Peritajes pendientes y dudas técnicas
Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de estudios técnicos independientes sobre el casco hundido. Durante la pandemia, se ordenaron inspecciones que, según los familiares, no contaron con la profundidad ni la participación internacional que habían solicitado.
“El peritaje lo hacen los mismos que están dentro de la estructura que se investiga”, dijo Rodríguez. Para él, eso debilita la búsqueda de verdad.
Las penas previstas para los imputados rondan los cinco años. A ocho años del hecho, incluso una condena efectiva podría quedar absorbida por el tiempo transcurrido. “Parece que quieren cerrar el tema”, lamentó.
El peso del duelo y la memoria
Más allá de lo judicial, el juicio tiene una dimensión humana imposible de reducir a expedientes.
“Nosotros hacemos lo que ellos hubieran hecho por nosotros”, dijo Claudio. Su hermano, asegura, habría exigido explicaciones si la víctima hubiese sido él.
Las 44 familias del ARA San Juan cargan con la ausencia, pero también con la responsabilidad moral de sostener el reclamo. No hablan solo por sus muertos. Hablan para que no vuelva a repetirse.
Porque el hundimiento no fue solo una tragedia marítima. Fue la pérdida de 44 trabajadores del Estado en ejercicio de sus funciones. Fue la desaparición del único submarino operativo del país. Y fue, para muchas madres, esposas, hijos y hermanos, una herida que no cierra.
El juicio recién comienza. La justicia, para ellos, todavía está en deuda.
Operativo de búsqueda internacional desplegado en el Atlántico Sur.
Más sobre el ARA San Juan
https://lv18.com.ar/8-anos-del-hundimiento-del-ara-san-juan-44-victimas/
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