El estado de las rutas nacionales volvió a quedar en el centro de la preocupación de los trabajadores de Vialidad. Fabián Cattanzaro, secretario general adjunto de FEPEVINA (Federación del Personal de Vialidad Nacional), advirtió sobre el deterioro de la red vial y cuestionó el desfinanciamiento que, según planteó, atraviesa actualmente al organismo.
En diálogo con LV18, Cattanzaro señaló que, de acuerdo con las proyecciones y relevamientos técnicos elaborados por la Federación del Personal de Vialidad Nacional, entre el 70% y el 75% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo. El dirigente calificó la situación como una emergencia y sostuvo que la paralización de obras también alcanzó tareas de mantenimiento.
Uno de los principales reclamos está relacionado con los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles, cuya afectación específica debería destinar fondos al mantenimiento de las rutas. Según explicó Cattanzaro, Vialidad Nacional tendría retenido alrededor de un billón de pesos, recursos que, de acuerdo con sus estimaciones, permitirían realizar trabajos de mantenimiento sobre unos 20.000 kilómetros de rutas o construir entre 3.000 y 4.000 kilómetros nuevos.
Fabián Cattanzaro, secretario general adjunto de FEPEVINA, advirtió sobre el deterioro de la red vial,
El dirigente también cuestionó la situación presupuestaria del organismo. Afirmó que el presupuesto actual de Vialidad representa menos de la mitad de los recursos que deberían corresponderle y que, en términos reales, se encuentra aproximadamente un 80% por debajo del nivel de 2023. A esto se suma, según indicó, una subejecución presupuestaria y modificaciones que derivarían recursos hacia el pago de deuda.
Menos personal y capacidad operativa
La situación también tendría un fuerte impacto sobre la estructura de Vialidad Nacional. Cattanzaro aseguró que durante los últimos meses se produjo una reducción significativa del personal técnico y especializado, con la salida de más de 1.300 profesionales, técnicos y trabajadores especializados.
A esto se sumaría un período de aproximadamente 18 meses de congelamiento salarial y una nueva estructura organizativa que, según el gremialista, concentra funciones en la administración central y reduce las capacidades operativas de los distritos provinciales.
Para FEPEVINA, esta situación no solo representa un problema laboral, sino que también limita la posibilidad de responder ante emergencias y realizar tareas de mantenimiento y seguridad vial. El dirigente estimó que las medidas adoptadas ponen en riesgo más de 3.000 puestos de trabajo.
El impacto sobre la seguridad vial
El deterioro de las rutas también genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre la seguridad vial. Cattanzaro señaló que actualmente existen dificultades para acceder a estadísticas oficiales actualizadas y sostuvo que, a partir de relevamientos realizados junto con organizaciones vinculadas a las víctimas de siniestros viales, en algunos corredores ya se registran cantidades de fallecidos similares a las de todo 2025, mientras que en determinados tramos incluso se habrían duplicado o triplicado.
En ese contexto, remarcó que el estado de las rutas se suma a otros factores como el incremento del tránsito, la circulación de camiones y el encarecimiento de los costos de transporte y logística.
El costo de postergar el mantenimiento
Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue el costo que tendrá recuperar la infraestructura una vez que se retomen las inversiones. Según Cattanzaro, el presupuesto actual de Vialidad ronda los $600.000 millones, pero se necesitaría aproximadamente ocho veces esa cifra para alcanzar un nivel acorde con las necesidades del organismo.
Además, explicó que cada peso que no se destina oportunamente al mantenimiento puede multiplicar varias veces el costo necesario para rehabilitar posteriormente una ruta. Por eso, sostuvo que cuanto más tiempo pase sin intervenir sobre la red vial, mayor será el esfuerzo económico requerido para recuperar y modernizar la infraestructura.
Desde FEPEVINA plantean, en este sentido, la necesidad de establecer prioridades y avanzar especialmente sobre aquellos corredores que concentran mayores niveles de tránsito y siniestralidad, con el objetivo de avanzar hacia una red de rutas más segura.
