El presupuesto universitario vuelve a quedar bajo la lupa judicial. Este viernes, el Gobierno y representantes de las universidades nacionales se reúnen ante la Justicia para intentar destrabar una disputa que combina financiamiento, salarios y el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso.
La Justicia vuelve a intervenir en el conflicto universitario
El juez federal Martín Cormick convocó a una audiencia con representantes del Ejecutivo, la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El objetivo es acercar posiciones y avanzar en el cumplimiento de la Ley 27.795, cuya aplicación quedó atravesada por distintas presentaciones judiciales.
Uno de los puntos centrales es una medida cautelar que obliga al Estado a avanzar con la actualización de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles. La UBA también reclama recursos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento, ciencia y tecnología.
El reclamo universitario choca con la estrategia del Gobierno
La audiencia ocurre mientras continúa el paro universitario nacional, con gremios que reclaman recomposición salarial y mayor financiamiento. El conflicto ya no se limita a una discusión presupuestaria: también pone a prueba hasta dónde el Ejecutivo está dispuesto a cumplir una norma sancionada por el Congreso y respaldada judicialmente.
El Gobierno sostiene su posición sobre las obligaciones presupuestarias y reivindica las transferencias realizadas al sistema. Sin embargo, mientras ambas partes mantienen sus diferencias, las universidades enfrentan nuevas medidas de fuerza y una creciente incertidumbre sobre sus recursos.
La audiencia puede abrir una instancia de negociación, pero difícilmente cierre un conflicto que acumula reclamos salariales, presupuestarios y judiciales. El problema de fondo sigue sin resolución.
