La caída de una sesión en la Cámara de Diputados de la Nación volvió a poner bajo la lupa a los representantes de Mendoza. El miércoles 15 de octubre, la oposición no consiguió el quórum necesario para debatir, entre otros temas, la derogación del DNU 70/23. Según los reportes parlamentarios, solo Emir Félix y Martín Aveiro ocuparon sus bancas entre los diputados mendocinos presentes para habilitar la sesión.
DNU 70/23: una sesión que no llegó al debate
La sesión fracasó por falta de quórum y el decreto impulsado por Javier Milei no llegó a discutirse en el recinto. La oposición reunió 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para abrir el debate.
La ausencia de representantes vinculados al oficialismo nacional y a sus aliados volvió a generar cuestionamientos políticos. Desde sectores críticos de Alfredo Cornejo y Luis Petri interpretaron el episodio como una muestra de alineamiento con el Gobierno nacional.
Sin embargo, la caída de la sesión no equivale a una votación en contra de la derogación: el proyecto ni siquiera llegó a debatirse.
Alquileres, prepagas y regulaciones en disputa
El DNU 70/23 modificó numerosas regulaciones económicas, entre ellas las relacionadas con los alquileres y la medicina prepaga. Su alcance y sus efectos continúan formando parte de la discusión política y judicial.
La falta de debate parlamentario impidió que la Cámara de Diputados se pronunciara sobre la propuesta de derogación en esa jornada.
Zona Fría: otro antecedente que genera polémica
Los cuestionamientos también remiten al régimen de Zona Fría. En Mendoza, los cambios impulsados a nivel nacional generaron preocupación por el impacto en las facturas de gas de hogares de San Rafael y otras localidades.
Para los críticos del oficialismo provincial, ambos episodios reabren una pregunta sobre las prioridades de los representantes mendocinos: ¿cómo se defienden los intereses de la provincia cuando entran en tensión con los acuerdos políticos nacionales?
La discusión no termina con una sesión caída. También pone en juego la responsabilidad de los legisladores de explicar sus decisiones y la posición que adoptan frente a medidas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.
