La gestión de Alfredo Cornejo enfrenta un nuevo reclamo en el área de Salud. La Asociación de Trasplantados Mendoza anunció que avanzará con una presentación judicial para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 9.199, que adhiere a la normativa nacional de protección integral para personas trasplantadas y en lista de espera.
Trasplantados en Mendoza: seis años de reclamos y sin respuestas
En diálogo con LV18, Marina Arias Da Pra, paciente trasplantada de San Rafael, describió las dificultades que atraviesa junto a otros pacientes. Según afirmó, llevan más de seis años reclamando ante el Gobierno provincial, el Ministerio de Salud y distintas autoridades, sin conseguir una solución definitiva.
“Hace seis años que nosotros venimos peleando por el cumplimiento de la ley 26.928”, sostuvo. La norma nacional establece la cobertura del 100% de medicamentos, estudios y prácticas vinculadas directa o indirectamente con el trasplante.
Medicamentos que no llegan y tratamientos que cuestan millones
El testimonio expuso la gravedad del problema. Arias Da Pra contó que tiene medicación pendiente desde agosto y advirtió sobre el costo de los tratamientos inmunosupresores, indispensables para prevenir el rechazo del órgano trasplantado.
“¿Cómo hacemos para comprar una medicación que sale arriba de los cinco millones de pesos?”, cuestionó.
Además, relató que necesita una cirugía ocular valuada en seis millones de pesos, luego de sufrir una neumonía severa que le dejó secuelas en la visión. Según denunció, su obra social no cubre esa intervención.
Viajar a Mendoza también se convierte en un obstáculo
Los pacientes del sur provincial deben trasladarse hasta la capital mendocina para realizarse controles periódicos. Sin embargo, Arias Da Pra aseguró que no cuentan con pasajes gratuitos suficientes y que las demoras en autorizaciones y medicamentos complican la atención.
“Si no hay medicaciones, no hay trasplante que funcione”, advirtió.
Amparo judicial y reclamo en la Legislatura
La asociación anunció que presentará un recurso de amparo contra el Gobierno provincial y el Ministerio de Salud, además de acudir a la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura. Según lo informado, la medida busca exigir respuestas concretas y garantizar los derechos de aproximadamente 2.500 pacientes.
Mientras tanto, la gestión de Cornejo enfrenta una pregunta urgente: ¿cómo se garantiza el derecho a la salud si quienes dependen de un trasplante denuncian que no pueden acceder a medicamentos, controles y traslados en tiempo y forma?
La organización espera que la Justicia intervenga y que el reclamo deje de acumular promesas para convertirse en soluciones concretas.
