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Germán Gómez apuntó contra el Gobierno: “En once años no ha resuelto esta situación”.

Por Verónica Iglesias

5 de noviembre de 2026

La cárcel de calle Mitre y Pampa fue señalada por el legislador como uno de los establecimientos más comprometidos por la sobrepoblación.

La cárcel de calle Mitre y Pampa fue señalada por el legislador como uno de los establecimientos más comprometidos por la sobrepoblación.

La situación de las cárceles en Mendoza volvió a quedar bajo cuestionamiento tras una inspección de la Comisión Bicameral de Seguridad en el penal de El Cerrito, en San Rafael. Su titular, el diputado Germán Gómez, advirtió sobre la sobrepoblación penitenciaria, cuestionó la falta de infraestructura y apuntó contra el Gobierno provincial por problemas que, según sostuvo, llevan años sin resolverse.

Durante una entrevista en LV18, el legislador confirmó que el establecimiento de la Unidad 10 tiene actualmente 198 personas privadas de la libertad y que está prácticamente al límite de su capacidad.

El hacinamiento, el principal problema de las cárceles en Mendoza

Sin embargo, la preocupación más grave está en otros establecimientos penitenciarios. Gómez señaló particularmente a la cárcel de Boulogne Sur Mer y al complejo ubicado en calle Mitre y Pampa, donde denunció condiciones críticas.

“Estamos hablando de más de cuatrocientos detenidos viviendo en condiciones totalmente inhumanas”, afirmó.

También describió situaciones de internos que deben dormir sobre colchones en el piso y advirtió que la sobrepoblación dificulta las tareas de capacitación, trabajo y reinserción social.

La Comisión Bicameral de Seguridad inspeccionó las instalaciones, los pabellones y los servicios del complejo penitenciario de El Cerrito.

 

Viandas penitenciarias: cuestionamientos por los costos y la licitación

Otro punto de la recorrida fue la alimentación de los internos. Gómez aclaró que el cuestionamiento no apunta a la modalidad de viandas, sino al proceso de contratación de la empresa Clisa, que lleva más de diez años prestando el servicio.

Además, cuestionó las diferencias entre los valores informados públicamente: los $16.000 mencionados por la ministra y los $2.630 consignados posteriormente en una respuesta oficial.

“Hay cuestiones que no nos cierran y creo que tanto el ministerio como el Gobierno tienen que aclararlas de manera inmediata”, sostuvo.

Una nueva cárcel que sigue pendiente

El diputado también responsabilizó al Ejecutivo por la demora en resolver la construcción de nuevos establecimientos y advirtió sobre posibles consecuencias por incumplimientos de compromisos internacionales.

La recorrida incluyó reclamos por falta de móviles policiales y problemas edilicios en comisarías de San Rafael. La comisión prevé trasladar estos planteos al Ministerio de Seguridad.