El gobernador Alfredo Cornejo decidió dejar a San Rafael y General Alvear sin Lucha Antigranizo, una obligación del Gobierno provincial que, por la Ley 6.638, debe prevenir y mitigar los daños ocasionados por las contingencias climáticas.
Esta vez, además del retiro de recursos, quedó expuesta una posición política difícil de ignorar.
En 2024, el Gobierno provincial decidió terminar con el sistema de Lucha Antigranizo con aviones. La decisión provocó el rechazo de productores, comerciantes, empresarios y municipios del Sur. San Rafael y General Alvear tuvieron que organizarse para sostener una herramienta que durante años había formado parte de la protección de su producción.
En 2025, el escenario volvió a repetirse: la Provincia trasladó los costos operativos a los municipios. Ahora, en 2026, el reclamo sigue vigente y San Rafael volvió a exigir que Mendoza cumpla con sus obligaciones.
Pese a que el gobernador declaró públicamente que, si la Lucha Antigranizo funcionaba, volvería a instalarla, nunca cumplió. Su funcionamiento, según el planteo del reclamo, había quedado demostrado.
Concejales y legisladores contra el reclamo
Desde el Concejo Deliberante de San Rafael se aprobó un proyecto para respaldar el pedido municipal ante la Provincia. Sin embargo, los concejales radicales votaron en contra: Adrián Reche, Romina Gordano, Romina Giraudo y Juan Pablo Vignoni.
No se trataba de decidir en el recinto cómo operar un avión, sino de respaldar un reclamo institucional de más de 300 entidades sanrafaelinas.
Legisladores del Sur que no piensan en la región
En el plano legislativo también hay posiciones que merecen atención. El diputado radical Franco Ambrosini cuestionó la eficacia del sistema, al igual que su par Leonardo Yapur, quien en declaraciones a los medios dijo: “No es efectivo”.
La pregunta es inevitable: ¿Quién responderá cuando una tormenta destruya meses de trabajo y el productor vuelva a quedar solo?
Cornejo, sus concejales y legisladores mostraron claramente su posición: no quieren la Lucha Antigranizo, dejando desprotegidos a los productores, pero también a los comercios, el turismo y todos los ciudadanos de San Rafael y General Alvear.
