La Justicia Federal de Mendoza habilitó una investigación penal para indagar a 17 exintegrantes del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y la Policía provincial, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad contra bebés, niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura cívico-militar.
Los imputados formaron parte del Departamento de Informaciones Policiales (D-2), del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército y de la Fuerza Aérea. La causa abarca hechos que afectaron a casi 60 menores de edad en el marco del terrorismo de Estado.
La decisión judicial se produce en un contexto de retrocesos y cuestionamientos a las políticas de memoria, verdad y justicia. Desde la Oficina Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza, impulsora del expediente, calificaron el avance como “histórico” por tratarse de la primera causa que aborda la represión contra la infancia como un eje específico y no solo como parte de otros delitos.
“El avance de este proceso confirma que la investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad siguen vigentes en Argentina, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado”, señaló Daniel Rodríguez Infante, auxiliar fiscal y uno de los responsables del caso.
Una causa inédita sobre la represión a la infancia
El juez federal Leopoldo Rago Gallo admitió el inicio formal de la causa tras analizar el requerimiento presentado por el fiscal Dante Vega y los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar. La investigación pone el foco en cómo el aparato represivo estatal ejerció violencia directa sobre hijos e hijas de personas perseguidas, secuestradas y desaparecidas.
Hasta ahora, estos hechos habían sido considerados de manera secundaria dentro de otras causas, salvo en los casos de apropiación de bebés. En este expediente, el Ministerio Público Fiscal sostiene que existió un patrón sistemático de agresiones contra menores que requiere un análisis propio.
Delitos imputados y alcance de la investigación
La causa apunta a establecer responsabilidades penales de 17 de los 24 represores inicialmente identificados. Los siete restantes quedaron fuera del proceso por fallecimiento, incapacidad sobreviniente o absoluciones previas.
Las imputaciones incluyen privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción y delitos vinculados a la sustitución de identidad, como sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica.
Desde la Fiscalía explicaron que el objetivo es visibilizar y dimensionar estos crímenes, aun reconociendo que se trata solo de una parte de un universo de padecimientos mucho más amplio.
Cómo operó la violencia estatal contra niños y adolescentes
El expediente detalla distintas modalidades represivas. En varios casos, niños presenciaron allanamientos violentos, fueron apuntados con armas o permanecieron encerrados durante horas mientras sus padres eran secuestrados. Algunos fueron trasladados en vehículos oficiales o retenidos en dependencias estatales sin registro formal.
Otra práctica fue el abandono forzado. Bebés y niños pequeños quedaron solos tras los operativos. En un hecho documentado, un lactante permaneció en el piso de una vivienda allanada hasta que un vecino escuchó su llanto. En otro, dos hermanos pasaron días sin adultos luego de la detención de sus padres.
También se registraron situaciones en las que los menores fueron utilizados como mecanismo de presión. Un bebé estuvo bajo control policial durante casi un mes para forzar la entrega de su padre y sufrió desnutrición y problemas respiratorios. En otro episodio, un niño fue obligado a presenciar amenazas y golpes contra un familiar durante un interrogatorio.
Alteración de identidad y ruptura de vínculos familiares
La investigación incluye casos en los que niños fueron ocultados, trasladados sin documentación o entregados a terceros. Estas prácticas dificultaron durante años la reconstrucción de sus historias personales y familiares.
Aunque no se trata de apropiaciones sistemáticas como las juzgadas en otras jurisdicciones, la Fiscalía remarca que estas acciones formaron parte del mismo entramado represivo destinado a destruir lazos familiares y sociales.
El rol del D-2 y las fuerzas armadas
Los hechos ocurrieron en un territorio donde el D-2 funcionó como el principal centro clandestino de detención de Mendoza. Allí operaban de manera coordinada el Ejército, a través del Destacamento de Inteligencia 144, la Fuerza Aérea y la Policía provincial.
Según la imputación, los delitos contra menores no fueron excesos individuales, sino parte de una estrategia planificada para controlar y disciplinar a todo el entorno familiar de las personas perseguidas.
Las indagatorias avanzan bajo la premisa de que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles.
