En un contexto preocupante por el crecimiento de los casos vinculados a la salud mental —con cifras alarmantes también en el sur mendocino—, comenzó a tomar fuerza un nuevo proyecto de ley que apunta a reformular la actual normativa nacional 26.657. La iniciativa busca actualizar criterios, mejorar la implementación y fortalecer la red de contención para pacientes y familias.
En diálogo con LV18, la Dra. Silvia Papuchado (MN 11783), especialista en psicología clínica, analizó los principales ejes de esta propuesta y fue crítica respecto a algunos aspectos de la legislación vigente.
“Hay artículos que necesitan una actualización urgente. Hoy, por ejemplo, se dificulta la internación en casos donde una persona no tiene conciencia de su enfermedad, lo que deja a las familias en una situación de total desprotección”, explicó.
Dra. Silvia Papuchado (MN 11783), especialista en psicología clínica.
Uno de los puntos centrales del debate es la posibilidad de flexibilizar los mecanismos de internación en situaciones de crisis agudas. Según la profesional, la ley actual no prohíbe las internaciones involuntarias, pero sí las vuelve extremadamente complejas desde el punto de vista burocrático.
“Se exige un riesgo ‘cierto e inminente’, algo que en términos clínicos resulta contradictorio. Esto muchas veces impide actuar a tiempo”, sostuvo.
El nuevo proyecto también pone el foco en la necesidad de fortalecer los dispositivos intermedios, como centros de atención ambulatoria y casas de medio camino. La falta de estos espacios genera una sobrecarga en hospitales generales y deja a muchos pacientes sin seguimiento adecuado tras una externación.
“No alcanza con la internación; es fundamental garantizar la continuidad del tratamiento en la comunidad”, remarcó.
Otro aspecto relevante es la integración de las adicciones dentro del abordaje de la salud mental. En este sentido, la iniciativa apunta a desburocratizar el acceso a tratamientos y a consolidar equipos interdisciplinarios que permitan una atención más integral. Además, se busca reforzar el rol de la atención primaria como puerta de entrada al sistema, favoreciendo la detección temprana de trastornos que crecieron notablemente en la pospandemia.
En cuanto al equilibrio entre derechos individuales y seguridad, Papuchado destacó la necesidad de revisar el rol del entorno familiar.
“Cuando una persona no puede decidir por sí misma, alguien debe intervenir para protegerla. No se trata de vulnerar derechos, sino de garantizar el acceso a un tratamiento adecuado”, afirmó.
Finalmente, la especialista subrayó la importancia de avanzar hacia una mirada menos estigmatizante:
“Hablar de salud mental con seriedad, con datos y con compromiso es clave. Una ley más robusta no solo ordena el sistema, también puede salvar vidas”.
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