El fiscal federal Guillermo Marijuan, que desde hace tiempo investiga un perjuicio de $ 5.842.000.000 anuales por el cobro de 2.954 pensiones universales para adultos mayores que se percibían de manera irregular, habló con Séptimo Día de Canal 7 y dio detalles de los casos de pensiones por invalidez truchas que se detectaron en San Rafael.
El investigador, que comanda la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), marcó que tras las miles de denuncias a la línea 134 se detectaron irregularidades en todo el país.
“En Mendoza detectamos casos de empleados públicos que cobraban el plan Potenciar Trabajo y se puso a disposición del juez federal de Mendoza, y hay que resaltar que el Juzgado Federal de San Rafael tiene una investigación muy importante con las pensiones por invalidez, gente que accede a ese beneficio con certificados médicos de dudosa certidumbre”, lanzó Marijuan.
Para graficar cómo se dispararon esas pensiones por invalidez en el país, el fiscal recordó que en el 2020 habían 80.000 beneficiarios de esas pensiones “y hoy tenemos más de 1.200.000 personas. Me llama la atención el aumento de casos con una liviandad de controles en los requisitos en todo el país”.
Esa cantidad de pensiones por invalidez, que perciben unos $170.000 cada uno, “incide en un punto del Producto Bruto Interno del país”, resaltó.
En San Rafael confirmaron 30 pensiones truchas y hay 2 médicos procesados
La investigación de esas pensiones por invalidez truchas que comenzó el fiscal Marijuan a nivel nacional, derivó en una larga pesquisa en San Rafael, que tomó el juez federal Eduardo Ariel Puigdéngolas.
El magistrado sureño le confirmó a Diario UNO que sólo en esa comuna se confirmó la existencia de 30 casos de pensiones irregulares, basadas en certificados médicos apócrifos, por los que ya están procesados dos médicos.
La pesquisa se concentró en una organización ilícita, concretamente una banda liderada por una mujer, que popularmente se conoció como “la banda de mamá Norma” en referencia a la mujer sindicada como líder del grupo delictual.
Presuntamente esa mujer de 59 años era quien realizaba los trámites falsos a personas que no recibían ningún tipo de asignación y tampoco necesitaban el beneficio de la pensión.
“La causa ha avanzado mucho y de hecho hoy estamos tomando declaración indagatoria a algunos de los imputados. Ya hemos confirmado 30 casos de personas que cobraban esas pensiones sin cumplir con los requisitos para poder percibirlas, y hay dos médicos procesados”, ratificó Puigdéngolas.
La investigación detectó que los médicos involucrados, que serían los que aportaban los certificados truchos, trabajaban tanto en el hospital Schestakow, la Policlínica local y en la sede de Anses, aunque se confirmó que los organismos no tenían vinculación con lo que sucedía porque “el trabajo” de los profesionales se hacía en otras sedes.
Fuente: Diario UNO
