El Gobierno y los gremios judiciales se ven las caras en la conciliación obligatoria
Para hoy a las 12 en la Subsecretaría de Trabajo, está pactada la conciliación obligatoria entre el Gobierno de Mendoza y los dos gremios del Poder Judicial (Empleados y Funcionarios) que mantuvieron paralizada la Justicia por casi un mes, en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales. Los sindicatos estatales amenazaron con volver a tomar medidas de fuerzas si no logran un acuerdo en la paritaria.
La última vez que ambas partes se vieron las caras fue a mediados de abril. Tras un nuevo rechazo a las ofertas del Ejecutivo, los gremios comenzaron con sus diferentes medidas de fuerzas.
El 30 de abril fue el primer paro realizado por los afiliados de Empleados Judiciales. A la semana se sumaron los nucleados en Funcionarios. En medio de los 20 días de inactividad laboral, el Gobierno decretó un aumento salarial del 10% para los meses de abril, mayo y junio, tomando como base el mes de diciembre de 2023.
Con el conflicto en un punto de máxima tensión, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa solicitaron la conciliación obligatoria. Por su parte, el Ejecutivo avanzó con el descuento en los haberes a un importante grupo de empleados y funcionarios del Poder Judicial que adhirió a las medidas de fuerza.
“No hemos tenido contacto con nadie desde que nos informaron de la conciliación obligatoria y estamos expectantes. Si no llevan una propuesta superadora, fracasará nuevamente la negociación y volveremos al plan de lucha”, manifestó Ricardo Babillón, secretario General de Empleados Judiciales.
Por el lado de los empleados jerárquicos de la Justicia, creen que el Gobierno no ofrecerá una oferta distinta que a los otros gremios estatales. “Esto sustenta nuestra posición de que no hay paritarias, sólo imposición por parte del Ejecutivo de un porcentaje idéntico para todos. Esto es inadmisible”, expresaron.
En el caso de los empleados, muestran un grado más de apertura a la negociación “si derogan la acordada 19.000 y traen una propuesta salarial superior a la ofrecida, podemos empezar a discutir”.
La acordada 19.000 data de 2005 y permitió que la Suprema Corte se excluyera de las discusiones salariales en el ámbito de las paritarias.
En caso de que la negociación fracase, los gremios adelantaron que estarían habilitados a presentar una demanda por “mala fe del negociado”.
“Si la instancia se da por fracasada porque el Gobierno presentó una oferta que no sea superadora, nos habilita a que podamos empezar con medidas de acción directa. Estamos evaluando como seguir en esa situación”, completaron desde Funcionarios.
El Sol intentó comunicarse con miembros del Ministerio Público Fiscal y no obtuvo respuesta.
Fuente: El Sol
