El diputado provincial Gustavo Perret presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca garantizar un abordaje integral de la salud durante el embarazo, con especial foco en la prevención y acompañamiento frente al consumo de sustancias tóxicas.
El proyecto “Gestando desde la Salud y el Bienestar”
La iniciativa, respaldada por 24 legisladores de distintos bloques, propone incorporar un dosaje de drogas en sangre a la persona gestante desde el momento en que se detecta el embarazo. Actualmente, estos estudios solo se realizan al momento del nacimiento y en hospitales públicos.
El objetivo es ampliar el acceso y asegurar la equidad en la atención. Por eso, el análisis se realizaría tanto en hospitales públicos como privados, sin costos adicionales, ya que estaría cubierto por el Plan Médico Obligatorio (PMO) y las obras sociales.
Protocolo de abordaje ante resultados positivos
En caso de que el análisis toxicológico dé positivo, se aplicará un protocolo interdisciplinario que incluye tratamiento, rehabilitación y acompañamiento integral durante el embarazo. Además, se prevé el fortalecimiento del trabajo desde los centros de atención primaria, con un seguimiento continuo y personalizado.
Campañas de prevención y concientización
El proyecto también contempla que el Ministerio de Salud de Mendoza impulse campañas de prevención y concientización dirigidas a embarazadas y a la sociedad en general. Estas estarán enfocadas en los riesgos del consumo de drogas durante el embarazo y la lactancia, así como en la importancia de los primeros mil días de vida del niño, etapa clave para su desarrollo físico y cognitivo.
Riesgos de la exposición prenatal a drogas
La exposición a sustancias como cocaína, metanfetaminas, opiáceos u otras drogas ilegales durante el embarazo puede provocar partos prematuros, malformaciones congénitas y síndrome de abstinencia neonatal. Este último implica cuadros de convulsiones, problemas respiratorios, bajo peso al nacer y retrasos en el desarrollo.
“El Estado no puede omitir estos controles, porque estaría desconociendo el interés superior del niño, que debe ser el eje de toda política pública de salud”, afirmó Perret.
De aprobarse la ley, el Ministerio de Salud tendrá 120 días para reglamentarla e implementar equipos interdisciplinarios que garanticen el protocolo de seguimiento, integrando al sistema público y privado.
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