La situación de la seguridad en toda la provincia alcanzó un punto crítico que exige una mirada honesta y sin eufemismos. Mientras nuestro departamento sufre la inseguridad, con comisarías que, por momentos, deben cerrar sus puertas por falta de personal, la provincia opta por una política incomprensible: el traslado masivo de policías de San Rafael a Mendoza (Gran Mendoza).
Cada madrugada, decenas de efectivos sanrafaelinos esperan colectivos para incorporarse a comisarías de la capital provincial, dejando un vacío preocupante en nuestro propio territorio. Esta sangría de recursos humanos policiales no es nueva; ha sido una constante a lo largo de diversas administraciones, tanto peronistas como radicales. Sin embargo, en el gobierno actual de Alfredo Cornejo, la situación parece agravarse, y la inacción frente a esta problemática se percibe como una verdadera complicidad con la discriminación y subestimación histórica que padece el sur mendocino.
En este contexto de emergencia, resulta difícil de entender y hasta absurda la postura del diputado provincial sanrafaelino Franco Ambrosini (UCR), quien, en un intento por desviar la atención, responsabiliza al Municipio de San Rafael por la inseguridad. Su propuesta de conformar un cuerpo de preventores municipales con empleados sin entrenamiento ni armas ignora la realidad demográfica, territorial y presupuestaria de San Rafael, distinta a la de otros municipios que han adoptado estas medidas.
Lo más llamativo es el silencio de Ambrosini y sus correligionarios –legisladores y concejales de su partido– a la hora de exigirle a la Ministra de Seguridad, Mercedes Rus, que frene el despojo de policías de San Rafael a Mendoza. Esta doble vara de medir, donde se presiona al municipio local pero se evita interpelar al poder provincial que desmantela nuestra fuerza policial, revela una preocupante falta de compromiso con la seguridad de los sanrafaelinos.
Una Ley de Seguridad Ciudadana sin obligaciones
El mismo diputado Ambrosini, impulsor del proyecto de Ley de Regulación de la Seguridad Ciudadana, aclara que la normativa «no obliga» a los municipios a tener participación en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, invita a las intendencias a «asumir un nuevo protagonismo» y a conformar cuerpos de preventores bajo el marco regulatorio de esta ley.
Si bien la idea de la cercanía municipal con el ciudadano y su rol en la prevención es valiosa, no puede ser la excusa para eludir la responsabilidad primaria del Estado provincial en garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La ley, aunque no obligatoria, se presenta como «necesaria», pero ¿de qué sirve un marco regulatorio si la base –la presencia policial efectiva– está siendo sistemáticamente debilitada en San Rafael para fortalecer otras zonas de la provincia?
El silencio de la vicegobernadora
La indignación se acentúa al recordar que San Rafael cuenta con una vicegobernadora, cuyo rol debería ser el de defender los intereses de su departamento. Sin embargo, su inacción y su aparente desinterés por la crítica situación de inseguridad la convierte en una figura «pintada» en el cargo, incapaz de alzar la voz y luchar por los ciudadanos que representa.
En resumen, la situación es clara: mientras el Gran Mendoza se beneficia del traslado de policías de San Rafael a Mendoza, nuestro departamento se desprotege, sometido a una discriminación histórica. Las propuestas de soluciones municipales sin el apoyo y la inversión provincial en personal y recursos policiales son, en el mejor de los casos, parches ineficaces, y en el peor, una cortina de humo para ocultar la verdadera responsabilidad. Es hora de que el gobierno provincial asuma su rol, deje de vaciar San Rafael y garantice la seguridad que por derecho nos corresponde.
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