El escándalo por las meriendas escolares en Mendoza expuso fallas graves en la Dirección General de Escuelas (DGE), donde ocho funcionarios fueron multados con un total de $1.700.000 por irregularidades que afectaron directamente a estudiantes de nivel primario y secundario. El fallo del Tribunal de Cuentas reveló destrucción de alimentos, entregas incompletas, documentación ausente y una cadena de descontrol que compromete la gestión pública educativa.
Una gestión alimentaria fuera de control
El fallo N° 18.191, emitido en marzo, no deja margen a interpretaciones benévolas: la DGE permitió que se destruyeran alimentos por más de $2.555.232 sin cumplir con los protocolos exigidos ni registrar adecuadamente las causas. La auditoría detectó que los responsables no siguieron procedimientos básicos como inventariado, actas de vencimiento ni documentación que respalde la eliminación de productos.
Entre los alimentos destruidos había más de 14.000 unidades de Cereal Mix, jugos Baggio, galletas Pindy y alfajores. En muchos casos, no había constancia de que estuvieran vencidos. En otros, directamente no existía prueba alguna de que hubiesen sido desechados correctamente. Estos productos estaban destinados a estudiantes mendocinos que dependen del servicio alimentario escolar como parte esencial de su jornada educativa.
Adjudicaciones cuestionadas y entregas dudosas
Uno de los hechos más llamativos fue la sustitución de productos sin justificación oficial. El Tribunal de Cuentas detectó que se adjudicó la compra de galletas marca Tía Maruca, pero en la práctica se distribuyeron galletas marca Pindy. No hay documentación que respalde este cambio ni explicaciones de por qué se alteró lo licitado.
Además, durante eventos como las ferias Maker y Conectar Lab, la auditoría no pudo constatar la entrega de alimentos en varias escuelas: Pedro Pascual Segura, Pascual Iaccarini y Manos Solidarias fueron algunas de las instituciones afectadas. En otras, como la escuela Juan Pastor, se descubrieron diferencias entre lo que figuraba en planillas y lo que efectivamente llegó, con faltantes de jugos y galletas.
Aumento de cantidades sin control logístico
Otro dato alarmante es que, sin un análisis realista de la capacidad operativa, se autorizó un aumento del 30% en las cantidades adjudicadas. Este exceso de stock, combinado con la desorganización en la distribución, provocó que gran parte de la mercadería se deteriorara antes de ser entregada. Algunas meriendas nunca llegaron a destino, otras se entregaron fuera de plazo y en lugares no previstos.
Los funcionarios intentaron justificar el caos con argumentos logísticos. Sin embargo, el Tribunal consideró insuficientes esas explicaciones y afirmó que el problema no fue el tiempo, sino la falta de planificación y control interno. “No se tomaron decisiones responsables frente al manejo de recursos públicos”, señala el dictamen.
Fallas administrativas estructurales
El fallo identifica como causas centrales del colapso a la falta de inventarios claros, la escasa coordinación entre áreas y la ausencia de documentación adecuada. No existían registros que permitan rastrear el ingreso, almacenamiento, distribución ni eliminación de los alimentos. Esta falta de trazabilidad compromete cualquier política pública alimentaria y genera un precedente grave sobre cómo se manejan fondos del Estado.
Más allá del perjuicio económico, que en este caso fue parcialmente cuantificado, el impacto más profundo es social: niños y niñas quedaron sin su merienda, no por falta de recursos, sino por mala gestión.
Multas, sanciones y silencio oficial
Como consecuencia directa, el Tribunal de Cuentas aplicó sanciones económicas personales a ocho funcionarios. La suma total de $1.700.000 busca generar responsabilidad individual sobre quienes permitieron el descontrol. Hasta el momento, no hubo declaraciones públicas por parte de los sancionados ni de las autoridades superiores de la DGE.
La sociedad mendocina asiste con indignación a un nuevo episodio donde lo esencial —como la alimentación escolar— es gestionado con desidia. En un contexto de crisis económica, donde para muchas familias la merienda escolar representa el único refuerzo alimentario diario, lo ocurrido no es solo un fallo administrativo: es una falla ética y política.
Un escándalo abierto, sin responsables políticos claros
Este escándalo por las meriendas escolares en Mendoza aún no ha tenido consecuencias políticas de fondo. Las multas no resuelven el daño ni restauran la confianza. ¿Quién responde por los días en que los chicos no recibieron su merienda? ¿Qué medidas se están tomando para que esto no vuelva a ocurrir?
El caso exige algo más que sanciones: necesita respuestas públicas, investigaciones penales si corresponde, y una auditoría profunda del sistema de compras, almacenamiento y entrega de alimentos en las escuelas de la provincia.
El silencio no puede ser la respuesta institucional. La transparencia es una obligación, no una opción. Y cuando se trata de la comida de los chicos, cualquier excusa es inaceptable.
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