Mientras el Gobierno nacional intenta convencer a los argentinos de incorporar al circuito formal los dólares que permanecen fuera del sistema financiero, el proyecto Inocencia Fiscal II reavivó un viejo debate: ¿alcanzan los cambios para generar confianza o todavía persisten dudas sobre los controles y la transparencia del régimen?
La iniciativa amplía el esquema aprobado a comienzos de año con la denominada «Ley de Inocencia Fiscal» y busca otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. Sin embargo, la propuesta también despertó cuestionamientos por el alcance de los beneficios y la posibilidad de que puedan acceder funcionarios públicos, un punto que abrió la discusión política en las últimas semanas.
El Gobierno apuesta a que los ahorros vuelvan a la economía
El objetivo oficial es incentivar que los ahorros no declarados, siempre que provengan de actividades lícitas, ingresen al circuito formal para impulsar el consumo, la inversión y el crédito.
La contadora pública y especialista tributaria Elizabeth Piacentini, coordinadora de la Comisión PyME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo que el proyecto representa un cambio profundo en la relación entre el Estado y los contribuyentes.
«El contribuyente primero es inocente hasta que ARCA tenga las pruebas y demuestre lo contrario. Es realmente un cambio de paradigma», afirmó durante una entrevista con LV18.
Según explicó, las modificaciones previstas eliminarían topes patrimoniales y de ingresos, además de extender el régimen hasta 2027, otorgando mayor previsibilidad para quienes evalúan formalizar sus tenencias.
Los beneficios que destacan los especialistas
Piacentini considera que uno de los principales avances es la mayor protección frente a futuras fiscalizaciones de ARCA.
«Estamos hablando de actividades lícitas», aclaró, al remarcar que las obligaciones de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) continuarán plenamente vigentes.
La especialista también destacó que la flexibilización de la denominada «discrepancia significativa» podría reducir conflictos derivados de errores formales o diferencias de interpretación entre los contribuyentes y el organismo recaudador.
Elizabeth Piacentini explicó los principales cambios previstos en Inocencia Fiscal II.
Las dudas que siguen abiertas
Más allá de los beneficios que plantea el Gobierno, el proyecto todavía enfrenta cuestionamientos.
Uno de ellos apunta a que el régimen no establece restricciones para funcionarios públicos ni para sus familiares, a diferencia de otros blanqueos implementados en el pasado. Para algunos sectores, esa ausencia de limitaciones podría afectar la percepción de transparencia.
Piacentini, sin embargo, sostuvo que la intención de la norma no es crear un nuevo blanqueo, sino modificar el criterio con el que se fiscaliza el patrimonio.
«Esto no es un blanqueo. Es un régimen que permite hacer la declaración de ganancias y que no revisen los consumos ni los incrementos patrimoniales», explicó.
El desafío no sería ARCA, sino los bancos
Para la especialista, el éxito de Inocencia Fiscal II dependerá de un factor que trasciende la legislación tributaria.
«El cuello de botella histórico no pasa solo por la norma fiscal, sino por el compliance bancario y la rigurosidad de los organismos de control.»
En ese sentido, advirtió que si la UIF y las entidades financieras no acompañan el nuevo esquema con criterios más previsibles, muchos ahorristas podrían seguir optando por mantener sus fondos fuera del sistema.
A más de dos décadas del corralito, la desconfianza hacia los bancos continúa siendo uno de los principales obstáculos para que los argentinos vuelquen sus ahorros a la economía formal. Esa realidad plantea el principal desafío para el Gobierno: demostrar que la seguridad jurídica prometida por Inocencia Fiscal II será suficiente para cambiar una conducta arraigada durante años.
