La nueva reforma migratoria firmada por Javier Milei pone en jaque los valores históricos de hospitalidad y acceso universal que caracterizaron a la Argentina durante décadas.
En un contexto económico y social extremadamente delicado, el Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves, a través de un decreto, una reforma migratoria que endurece las condiciones para residir, estudiar, atenderse en el sistema de salud e incluso obtener la ciudadanía argentina. La medida ha generado un amplio debate por su tinte restrictivo y por suponer, en los hechos, una regresión de derechos fundamentales.
La reforma migratoria, enmarcada en un discurso de “defensa de la soberanía y seguridad nacional”, plantea un claro endurecimiento del marco normativo que rige la vida de miles de personas extranjeras en Argentina. El nuevo régimen afecta no solo a quienes desean instalarse legalmente en el país, sino también a quienes ya residen en él con regularidad. Lo hace al imponer barreras económicas, burocráticas y judiciales inéditas desde el retorno de la democracia.
Un cambio de paradigma: de la integración al castigo
Hasta ahora, Argentina había sido reconocida por organismos internacionales como un país de puertas abiertas, con una política migratoria centrada en la integración social, el acceso a derechos y la no criminalización de la pobreza. Con la reforma migratoria de Milei, este paradigma se rompe de forma abrupta.
Entre los principales cambios se destacan:
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Endurecimiento para obtener la ciudadanía: se redefine de forma restrictiva la residencia continua, y se transfiere la competencia del Poder Judicial a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), debilitando garantías y aumentando el control político.
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Ciudadanía por inversión: se crea una vía exclusiva para extranjeros que realicen “inversiones relevantes”. Esto introduce una lógica de ciudadanía VIP para ricos, mientras los migrantes pobres enfrentan cada vez más obstáculos.
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Cobro en salud y educación: los no residentes deberán pagar por atenderse en hospitales públicos y estudiar en universidades nacionales, transformando derechos básicos en privilegios con precio de mercado.
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Facilidades para la expulsión: se amplían los motivos para negar el ingreso o expulsar a extranjeros, incluso por cuestiones administrativas como omitir antecedentes o no declarar un domicilio. Se incorpora la “retención preventiva”, permitiendo la detención sin condena judicial por hasta 60 días.
¿Quién define qué es una “inversión relevante”?
Uno de los aspectos más controversiales de la reforma migratoria es la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Según el texto del decreto, esta agencia determinará qué se entiende por «inversión relevante», abriendo la puerta a discrecionalidades, privilegios y posibles negociados. El Ministerio de Economía —y no la Justicia— decidirá quién merece ser argentino según su billetera.
Criminalización del migrante pobre
El decreto insiste en el argumento de que el país está desbordado por un “flujo masivo de migrantes”, repitiendo una narrativa cercana a la que se utiliza en países con políticas antiinmigrantes, como Estados Unidos o Hungría. Se habla de “turismo de natalidad”, de “falsedad en los motivos de ingreso” y se obliga a los extranjeros a firmar declaraciones juradas y presentar seguros médicos, como si todo extranjero fuera un potencial delincuente o estafador del Estado.
Incluso se establece que quienes residan irregularmente, o regular pero sin habilitación expresa para trabajar, no podrán realizar ninguna actividad remunerada, empujándolos a la informalidad o a la exclusión total.
Aranceles y exclusión en salud y educación
La reforma establece que los hospitales públicos deberán cobrar la atención sanitaria a los no residentes, salvo en casos de emergencia. De igual modo, las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. En otras palabras, el Gobierno instala la lógica del “sálvese quien pueda” y rompe con el principio de gratuidad que ha sido un orgullo del país en educación y salud pública.
¿Soberanía o exclusión selectiva?
La reforma migratoria de Milei representa una peligrosa combinación de xenofobia institucional, mercantilización de derechos y concentración de poder discrecional en manos del Ejecutivo. Su objetivo parece claro: reducir la migración pobre, atraer capitales sin límites éticos y restringir el acceso a servicios públicos a los nacidos fuera del país, aunque estos hayan vivido, trabajado y contribuido al país durante años.
Más información sobre la «reforma migratoria»
https://lv18.com.ar/reforma-migratoria-en-argentina-milei-adorni/
https://www.mininterior.gov.ar/migraciones/migraciones.php
https://documento.errepar.com/actualidad/se-oficializo-la-reforma-migratoria-20250529094421261
