La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una solicitud de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado de Mendoza relacionada con la caducidad de un recurso que había presentado la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) sobre el llamado “tope salarial”.
Hay que remontarse al año 2014 cuando se promulgó la Ley 8727, que señala que nadie en el Estado mendocino puede ganar más que el gobernador.
El espíritu de la normativa buscaba en ese momento que todas las personas que cumplían funciones en la Provincia, en cualquiera de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tenían como máximo remunerativo una cifra igual o menor que la del primer mandatario provincial.
Como había profesionales de la salud que, sumando algunos ítems especiales, superaban ese monto, AMPROS decidió ir a la Justicia argumentando que se trataba de una acción inconstitucional.
Fue la Suprema Corte de Justicia de Mendoza quien en mayo de 2023 rechazó el planteo del gremio, señalando que la ley tenía solvencia.
Luego de ese revés, el sindicato de los profesionales de la salud transitó escalones superiores presentando la queja ante la Corte Suprema de la Nación.
Extrañamente, AMPROS no hizo la fuerza necesaria para seguir o empujar el expediente, algo que fue aprovechado por la Asesoría de Gobierno al pedir la caducidad del recurso, solicitud que tuvo respuesta favorable esta semana.
