La violencia en torno a la minería ilegal en Perú, sigue cobrando vidas. Trece trabajadores vinculados a la empresa minera Poderosa fueron encontrados muertos dentro de una mina de oro en la provincia de Pataz, región La Libertad. Estaban secuestrados desde fines de abril. Sus cuerpos, según fuentes oficiales, fueron hallados maniatados, vendados, desnudos y con disparos en el cuello, una ejecución que evidencia la brutalidad con la que operan las bandas criminales que controlan la zona.
Fueron ejecutados tras una semana de cautiverio
Los trabajadores, que ofrecían servicios de seguridad a Poderosa a través de la empresa contratista R&R, desaparecieron el 27 de abril. Sus familias dejaron de tener contacto con ellos ese día. Días después, los secuestradores exigieron un rescate económico a cambio de su liberación, pero la historia terminó en tragedia.
“Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos”, informó la minera en un comunicado, donde lamentó el asesinato “cruel” de su personal.
Los cuerpos fueron encontrados en un socavón clandestino, escondidos en una zona de difícil acceso. Las víctimas, según reportó la emisora RPP, fueron asesinadas con disparos en el cuello, una señal de ejecución directa.
La minería ilegal en Perú y una espiral de violencia
Poderosa, una de las mineras más importantes del país, ha sido blanco recurrente de ataques armados en los últimos meses. En lo que va del año, la compañía contabiliza 39 asesinatos de trabajadores, mineros artesanales y personal vinculado a sus operaciones.
“La espiral de violencia descontrolada que vive Pataz continúa, a pesar del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial”, advirtió la empresa, que exige una estrategia de seguridad más contundente.
Uno de los reclamos más fuertes apunta a la falta de intervención policial en las bocaminas ilegales. Según Poderosa, ahí se esconden y operan las bandas criminales que controlan el territorio, pero las fuerzas del orden no han logrado ingresar ni desarticular estos espacios.
El gobierno responde con despliegue de fuerzas especiales
Ante el crimen, el gobierno de Dina Boluarte ordenó el envío de unidades de élite especializadas en crimen organizado. El Ministerio del Interior autorizó a los agentes a usar sus armas “si las circunstancias lo ameritan”, dentro del marco legal.
“Tenemos que recuperar la gobernabilidad, el orden y la paz en Pataz. Lo que está pasando allí es inaceptable”, dijo el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú ha identificado movimientos financieros sospechosos por más de 8.200 millones de dólares relacionados con la minería ilegal entre 2013 y 2023. La minería ilegal no solo es un problema económico: es el motor de una red de extorsión, sicariato, corrupción y dominio territorial.
Dolor y rabia entre los familiares
En Trujillo, ciudad ubicada a unas nueve horas de Pataz, los familiares de las víctimas esperaban la llegada de los cuerpos. La indignación era evidente.
“A mi hermano y a sus compañeros los han torturado y matado. ¿Cómo es posible que la Policía no haya hecho nada? Hemos esperado una semana para enterarnos de todo esto”, dijo Emilia Rospigliosi, hermana de una de las víctimas, al canal Latina.
“Queremos justicia, que esto no se quede allí nomás”, reclamó entre lágrimas Abraham Domínguez, padre de otro trabajador asesinado, en declaraciones a Canal N.
El alcalde de Pataz: “El único responsable será el Gobierno”
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos, anunció que se reunirá con la presidenta Boluarte en busca de soluciones. “Vengo levantando la voz fuerte, no soy revoltoso, pero me duele lo que pasa en mi pueblo. Si me meten preso o me matan, el único responsable será el Gobierno central”, expresó.
Carlos también ha sido blanco de amenazas por denunciar públicamente el avance de la minería ilegal en su jurisdicción. La autoridad local teme por su vida, pero asegura que no dejará de exigir acción.
Una crisis nacional con consecuencias locales
La tragedia en Pataz es un reflejo de una crisis más profunda. La minería ilegal ha logrado consolidar estructuras criminales que se expanden por varias regiones del país. El estado de emergencia decretado por el Gobierno ha resultado insuficiente para contener la violencia. Mientras tanto, comunidades enteras viven atrapadas entre la economía informal y el miedo.
La pregunta que muchos se hacen hoy en Perú es clara: ¿cuántas muertes más serán necesarias para que el Estado recupere el control del territorio?
