A 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos, miles de personas volverán este 3 de junio a las calles para recordar una consigna que marcó un antes y un después en la Argentina. Sin embargo, la movilización de este año llega atravesada por una preocupación creciente: el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y asistir a víctimas de violencia de género.
Un aniversario marcado por las alarmas internacionales
El escenario encendió señales de alerta incluso fuera del país. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas expresó su preocupación por los retrocesos normativos, institucionales y presupuestarios que afectan a mujeres, niñas y adolescentes en Argentina.
Según Amnistía Internacional, el presupuesto destinado a políticas de género cayó un 89% desde 2024. La reducción impactó en programas clave como Acompañar, la Línea 144 y distintas iniciativas de prevención y asistencia.
La violencia sigue siendo una emergencia
Aunque los registros oficiales muestran una baja de los femicidios, que pasaron de 228 casos en 2024 a 200 en 2025, especialistas advierten que la cifra continúa siendo alarmante. En promedio, una mujer es asesinada cada 36 horas en el país.
Detrás de cada número hay historias truncadas. Durante 2025, 144 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre por femicidios. Además, el 83% de los casos ocurrió en contextos donde existía un vínculo previo con el agresor.
El desafío de llegar antes
Organizaciones feministas coinciden en que el principal reto sigue siendo prevenir. La violencia no comienza con el femicidio, sino mucho antes: con amenazas, control, aislamiento y dependencia económica.
A once años de aquel grito colectivo que sacudió conciencias, Ni Una Menos enfrenta un nuevo desafío. Ya no se trata solo de visibilizar la violencia, sino de impedir que la pérdida de herramientas estatales deje a miles de mujeres y diversidades sin protección. Porque detrás de cada estadística hay una vida que aún puede salvarse.
