El pedido de juicio político a Hebe Casado profundizó la crisis política que atraviesa el Gobierno de Mendoza y dejó al descubierto las tensiones internas dentro de la Unión Cívica Radical. El impulsor de la presentación es el constitucionalista y ex diputado nacional Juan Fernando Armagnague, quien sostuvo que los dichos de la vicegobernadora sobre la selección de Francia no solo provocaron un conflicto diplomático, sino que también pusieron en riesgo intereses económicos e institucionales de la provincia.
Armagnague cuestionó la respuesta del Gobierno de Mendoza
Durante una entrevista con LV18, Armagnague afirmó que la decisión de avanzar con el juicio político responde a razones institucionales.
«La finalidad de pedir el juicio político tiene dos puntos fundamentales. El primero es un asunto institucional y político vinculado a las alianzas. No es normal que la segunda autoridad haga declaraciones imprudentes como las que hizo la señora vicegobernadora», expresó.
El dirigente radical también vinculó el conflicto con posibles consecuencias económicas.
«Francia es una de las principales potencias de la Unión Europea y existen convenios vitivinícolas y energéticos que hoy están en peligro. El propio embajador dijo: ‘¿Cómo voy a hacer tratativas económicas con personas que son racistas?'», aseguró.
Juan Fernando Armagnague impulsa el pedido de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado.
Duras críticas al oficialismo y a la falta de debate interno
Armagnague también apuntó contra la conducción del radicalismo y el Gobierno provincial.
«Desde que el radicalismo es gobierno no ha habido debate interno en el partido. Uno habla, se opone, se vota… pero es como si hablara a la pared», sostuvo.
Además, cuestionó que el oficialismo pretenda cerrar el conflicto únicamente con la carta enviada por el gobernador Alfredo Cornejo al embajador francés.
«No, de ninguna manera. Eso lo dijo el Poder Ejecutivo. Acá hay una denuncia por juicio político ante el Poder Legislativo. La división de poderes debe respetarse», remarcó.
El oficialismo enfrenta una nueva prueba política
Mientras la Legislatura define si el pedido será tratado en comisión o archivado por la mayoría oficialista, el caso ya trascendió el plano político y expuso el costo institucional que generó la controversia. Para Armagnague, la discusión ya no pasa por una simple polémica en redes sociales, sino por la responsabilidad que deben asumir quienes ocupan los cargos más altos de la provincia.
