La Ley de Protección Integral para Personas Trasplantadas volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la Asociación Trasplantados Mendoza denunciara públicamente que el Estado provincial no garantiza derechos básicos establecidos por la normativa. La advertencia es contundente: la demora en la entrega de medicamentos pone en riesgo la vida de quienes dependen de un trasplante.
«Sin esa medicación perdemos el órgano»
En diálogo con LV18, la presidenta de la Asociación Trasplantados Mendoza en la zona sur, Valeria Mansilla, aseguró que los principales problemas se concentran en la demora para acceder a inmunosupresores, medicamentos indispensables para evitar el rechazo del órgano trasplantado.
«Los inmunosupresores no llegan. Antes demoraban entre cinco y siete días, ahora pasan más de un mes. Sin esa medicación perdemos el órgano», afirmó.
La dirigente sostuvo que la situación afecta a pacientes con PAMI, OSEP, Incluir Salud y otras obras sociales, quienes también enfrentan demoras en autorizaciones, tratamientos y consultas médicas.
Pacientes que deben prestarse medicamentos
Uno de los aspectos más alarmantes del reclamo es que, según Mansilla, muchos trasplantados sobreviven gracias a la solidaridad entre pacientes.
«Nos tenemos que prestar medicamentos entre nosotros. Uno tiene un blister, otro una caja, y así seguimos esperando que aparezca la medicación», relató.
La referente explicó que las reservas que cada paciente lograba mantener ya se agotaron y que existen personas que incluso iniciaron acciones judiciales para acceder a tratamientos contemplados por la ley.
«Nos dijeron que éramos pacientes caros»
Durante la entrevista, Mansilla también reveló que representantes de la asociación mantuvieron reuniones con autoridades provinciales.
«Nos dijeron que éramos pacientes caros», aseguró al referirse a un encuentro con la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.
La frase provocó un fuerte cuestionamiento desde la organización, que recordó que ninguna persona elige atravesar un trasplante y que el acceso a la medicación constituye un derecho protegido por la legislación vigente.
Mientras el reclamo continúa creciendo, los pacientes exigen que el Gobierno de Mendoza garantice el cumplimiento efectivo de la Ley de Protección Integral para Personas Trasplantadas, advirtiendo que detrás de cada demora administrativa existe un órgano que puede perderse y una vida que vuelve a quedar en riesgo.
