La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza rechazó el intento del PAMI de trasladar a Buenos Aires la causa judicial que lo obliga a entregar medicamentos a jubilados, ratificando la competencia del Juzgado Federal N°2 de la provincia.
Una maniobra legal que no prosperó
El conflicto comenzó tras la implementación del nuevo vademécum de medicamentos esenciales del PAMI, que dejó fuera tratamientos que miles de jubilados venían recibiendo. Frente al reclamo de la Asociación de Jubilados y Pensionados, el juez federal Pablo Quirós dictó una medida cautelar: suspender el nuevo listado y garantizar los tratamientos anteriores.
En respuesta, la obra social de los jubilados intentó mover la causa judicial a la Ciudad de Buenos Aires, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y argumentó que la cautelar afectaba sus garantías constitucionales y su presupuesto.
La Cámara puso un límite al PAMI
La Cámara Federal de Apelaciones desestimó el planteo del organismo, ratificando que el Juzgado Federal N°2 de Mendoza es competente y que ni la decisión de Quirós ni la de la Cámara son apelables. Además, aclaró que la Ley 26.854 sobre medidas cautelares contra el Estado no aplica al PAMI, ya que se trata de un ente público no estatal.
La medida cautelar sigue vigente
Por ahora, debe debe seguir entregando medicamentos a los jubilados en Mendoza y otras provincias donde se dictaron fallos similares. Aunque el conflicto podría escalar a la Corte Suprema, hasta entonces la obligación del instituto se mantiene firme.
Este fallo judicial visibiliza un conflicto más profundo: el ajuste presupuestario del PAMI a costa de derechos esenciales. La negativa de la justicia a avalar su maniobra legal es también un mensaje claro sobre las prioridades que deberían guiar a un organismo que fue creado para cuidar a los que más lo necesitan.
El conflicto escala: multas personales al titular del PAMI
El conflicto por los medicamentos para jubilados escaló todavía más. El Juzgado Federal N°2 de Mendoza resolvió aplicar multas personales diarias a Esteban Leguízamo, titular del PAMI, por no cumplir con la cautelar que ordenó suspender el nuevo vademécum de medicamentos esenciales.
En concreto, el juez Pablo Quirós impuso astreintes de $100.000 por día si Leguízamo no garantiza, en un plazo de tres días, el cumplimiento de la medida judicial en la provincia de Tucumán. Esta orden responde a un reclamo presentado también por la Asociación de Jubilados y Pensionados, que logró una resolución favorable en esa jurisdicción.
La medida original, dictada en diciembre, suspendió la implementación del nuevo esquema de medicamentos que había dejado a miles de personas mayores sin cobertura. El PAMI apeló, pero la Cámara Federal volvió a fallar a favor de los jubilados, ratificando la validez de la cautelar.
Mientras tanto, la resolución judicial sigue firme en Mendoza y otras provincias, y el debate de fondo continúa abierto: ¿quién debe pagar los medicamentos que los jubilados necesitan para vivir?
Los documentos completos
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