El gobierno de Javier Milei llevará a Diputados una propuesta de $7,3 billones para las universidades nacionales en 2027, frente a los $11 billones que reclama el sistema universitario público. La diferencia de recursos vuelve a poner bajo cuestionamiento las prioridades del ajuste y el futuro de la educación superior.
La discusión se realizará en la comisión de Presupuesto y Hacienda, con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El debate llega después de nuevas movilizaciones y en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Presupuesto Universitario 2027: una brecha que expone el conflicto
Los $7,3 billones previstos por el Ejecutivo quedan por debajo de los $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La diferencia plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para afrontar salarios, becas y gastos de funcionamiento.
Para las autoridades universitarias, el financiamiento resulta central para sostener las actividades académicas y científicas. La propuesta oficial vuelve a enfrentar el objetivo de equilibrio fiscal defendido por Milei con las demandas de un sistema que reclama recursos suficientes para garantizar su funcionamiento.
El ajuste educativo, en el centro de las críticas a Milei
El proyecto también contempla un presupuesto global de $9,8 billones para Educación, con reducciones previstas en programas como las becas Progresar y partidas de infraestructura. En paralelo, asigna $773.000 millones al Plan Nacional de Alfabetización.
La discusión excede una diferencia de cifras: pone en juego qué lugar ocupa la educación pública en las prioridades del Gobierno. Mientras el Ejecutivo defiende su política presupuestaria y sus argumentos legales, las universidades reclaman fondos que permitan sostener salarios, investigación y enseñanza. La definición quedará ahora bajo la responsabilidad del Congreso.
