La reciente reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) fue presentada como un salto institucional hacia una fuerza más moderna, al estilo del FBI estadounidense. Sin embargo, el método elegido por el Gobierno de Javier Milei -un decreto sin pasar por el Congreso- no solo desconoce las reglas básicas de la democracia, sino que también abre puertas peligrosas al abuso de poder.
La Ley Bases le dio al Ejecutivo amplias facultades delegadas, y Milei las usó para derogar la Ley Orgánica de la PFA de 1958. Sin debate parlamentario ni consulta con actores claves, el Gobierno impuso una transformación profunda en una de las principales fuerzas de seguridad del país.
Un acto de marketing, no de institucionalidad
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañó a Milei en un acto de relanzamiento desde la sede de la Policía Montada. Allí se presentó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), autodefinido como el “corazón” de la nueva estructura policial. La intención es clara: darle a la PFA un nuevo perfil centrado en delitos complejos y seguridad del Estado.
Pero, como advirtió el exinterventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Marcelo Sain, el cambio tiene una lógica interna más que institucional: «Es para darles lugar a todos los comisarios. Tienen una cúpula que es mayor que la del ejército norteamericano». Según Sain, la gran transformación real ocurrió cuando Mauricio Macri transfirió parte de la PFA a la Policía de la Ciudad. Lo que hace ahora el Gobierno es evitar un debate profundo y necesario sobre el rol de las fuerzas federales.
La estructura del DFI: un gigante sin control
El DFI contará con seis superintendencias, incluyendo inteligencia criminal, narcotráfico y operaciones policiales. A simple vista, parece un paso hacia una agencia más eficaz. Sin embargo, desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) alertan que la reforma mantiene funciones de prevención y custodia que no corresponden a una fuerza de investigación moderna. También cuestionan errores técnicos graves y una continuidad operativa incompatible con los estándares internacionales.
Ciberpatrullaje: el ojo que todo lo ve
Uno de los aspectos más críticos es la habilitación del ciberpatrullaje sin límites claros. Según el CELS, la reforma permite a la PFA realizar tareas de inteligencia en el espacio digital, acceder a bases de datos públicas y privadas, y monitorear redes sociales sin una orden judicial. Esto contradice directamente fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exigen que estas tareas sean excepcionales y debidamente justificadas.
La vigilancia masiva, sin protocolos definidos ni estándares legales, plantea un escenario de persecución a opositores, represión de protestas y criminalización de la disidencia. “El Ministerio de Seguridad no fija estándares. No hay protocolos claros”, denunció Claudio Pandolfi, especialista en legislación en seguridad ciudadana.
De la ley a la sospecha: la policía como juez
Otro punto preocupante es que la PFA podrá iniciar investigaciones por su cuenta y decidir qué pruebas reunir, sin intervención previa del Poder Judicial. Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), esto convierte a la policía en un poder autónomo capaz de iniciar causas judiciales según sus propios criterios. El precedente es grave: se salta la división de poderes y se entrega una cuota de poder desmedido a una institución históricamente cuestionada por su accionar.
Una reforma sin memoria
El decreto también conserva la posibilidad de detener personas por averiguación de identidad durante diez horas, una norma que remite a la detención de Walter Bulacio, un caso por el que Argentina fue condenada por la Corte-IDH. A pesar de estos antecedentes, la nueva norma ignora las recomendaciones internacionales y deja intactas prácticas represivas del pasado.
Más poder, menos democracia
La reforma de la Policía Federal no es un avance institucional sino un retroceso democrático. Se impuso sin discusión, se presentó con marketing, y se estructura sobre bases que amplifican la discrecionalidad policial sin controles judiciales claros.
Lo que se necesita no es una PFA con nombre nuevo y más poder, sino una agencia con controles democráticos reales, protocolos transparentes y sometida al Estado de derecho. Reformar una fuerza con historia de abusos exige algo más que decretos: exige debate, memoria y responsabilidad institucional.
Más información sobre «Policía Federal»
https://lv18.com.ar/narcomenudeo-allanamientos-masivos-policia-federal/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/326993/20250617
