El Gobierno nacional anunció una reforma laboral que, según los propios funcionarios, buscará “modernizar el mercado de trabajo” pero que para los gremios y sectores opositores representa un profundo retroceso en los derechos de los trabajadores. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, durante el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, ante un auditorio repleto de empresarios y directivos de grandes compañías.
La medida, que sería enviada al Congreso después de las elecciones del 26 de octubre, incluye la eliminación de los convenios colectivos de trabajo, el reemplazo de las paritarias por “negociaciones libres” entre empresas y sindicatos, y la posibilidad de despedir sin pagar indemnización, a través de un fondo de cese laboral financiado por los propios empleados.
El Ejecutivo argumenta que estos cambios permitirán “dinamizar la economía y generar empleo”, pero en el contexto actual el desempleo sigue creciendo y los salarios formales se mantienen por debajo de los niveles de fines de 2023. Desde la asunción del presidente Javier Milei, se calcula que se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo formales.
El anuncio en IDEA: promesas y advertencias
Durante su discurso en el Coloquio de IDEA, Adorni aseguró que el país atraviesa una “segunda etapa” del Gobierno libertario, que apunta a una serie de reformas estructurales. “El primer paso fue estabilizar el descalabro heredado; el segundo, reformar el mundo del trabajo para que el dinamismo económico esté acompañado de dinamismo laboral”, dijo.
En la misma línea, Caputo sostuvo que la reforma laboral será presentada como un proyecto de ley apenas pase el proceso electoral y que confían en que el nuevo Congreso sea “más receptivo a los cambios”. Según adelantaron, la iniciativa también incluirá medidas complementarias en materia tributaria y previsional.
Los empresarios presentes en el encuentro aplaudieron las promesas del Ejecutivo. “Necesitamos saber en qué cancha estamos jugando”, señaló Mariano Bosch, presidente del Coloquio, al reclamar “reglas claras para invertir”.
Sin embargo, el anuncio encendió las alarmas en el mundo del trabajo. Los gremios sostienen que, bajo el argumento de flexibilizar las relaciones laborales, el Gobierno busca debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos y precarizar el empleo.
Los puntos centrales de la reforma laboral
Aunque el texto oficial aún no fue presentado, los funcionarios adelantaron los principales ejes del proyecto:
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Eliminación de las paritarias: serán reemplazadas por negociaciones libres entre empresas y sindicatos, sin un marco regulatorio ni mediación estatal.
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Fin de las indemnizaciones: se reemplazarán por un fondo de cese laboral financiado en cuotas por los trabajadores, similar al modelo aplicado en algunos sectores bajo la Ley Bases.
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Prohibición de juicios laborales: la reforma contempla restricciones a la judicialización de conflictos laborales, en especial por despidos injustificados o abusos patronales.
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Eliminación de convenios colectivos: se permitirá que cada empresa fije sus condiciones laborales sin ajustarse a los acuerdos sectoriales.
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Libertad de moneda: los salarios podrían pactarse en cualquier divisa, incluso dólares.
Adorni fue más lejos al afirmar que “contratar a un trabajador no puede ser lo mismo que adoptarlo”, en referencia a las indemnizaciones y cargas sociales. Según el vocero, “la judicialización del trabajo” es una de las causas que desalientan la contratación.
Rechazo sindical y preocupación en la oposición
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) y los sindicatos de distintos sectores ya anticiparon una resistencia unificada. En un acto realizado en la sede de Azopardo, el candidato a diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana, encabezó un pronunciamiento conjunto junto a la cúpula gremial. “Esta reforma retrocede derechos y profundiza la precarización. Milei no la presenta antes de las elecciones porque sabe que viene con quita de derechos”, afirmó.
El senador Mariano Recalde también cuestionó duramente el anuncio. “Lo único claro con las reformas que proponen Milei y Caputo es que buscan bajar los salarios y facilitar despidos. Cada vez que se aplicaron recetas de este tipo, el resultado fue más pobreza y más desigualdad”, advirtió.
En la misma línea, Sergio Palazzo, de La Bancaria, recordó que “cuando los gobiernos atacan la negociación colectiva y eliminan indemnizaciones, no generan empleo, lo destruyen”.
Macri, el empresariado y el apoyo externo
La reforma laboral fue presentada también como un gesto hacia los empresarios y los acreedores internacionales. Caputo reconoció ante el auditorio que parte del programa económico busca “recomponer el marco de alianzas” que le permita al Gobierno sostener su relación con el Tesoro de los Estados Unidos, de quien depende buena parte del apoyo financiero.
Mauricio Macri, líder del PRO, expresó su respaldo a la iniciativa y aseguró que, tras las elecciones, buscará “plantear metas concretas e inmediatas que orienten los acuerdos políticos”. Para el expresidente, la reforma del trabajo es una de esas metas prioritarias.
Desde Washington, el expresidente Donald Trump también se pronunció en apoyo al programa económico argentino, aunque condicionó su respaldo al resultado electoral.
El Gobierno espera que el proyecto se convierta en el eje de la discusión legislativa de fin de año y sirva para recomponer la iniciativa política tras los escándalos de corrupción y la derrota sufrida en Provincia durante septiembre.
Una reforma laboral sin consenso
A diferencia de otras reformas laborales impulsadas en el pasado, el proyecto del Ejecutivo no fue debatido con los distintos actores del sistema productivo. No hubo rondas de consulta ni diálogo con las cámaras empresarias, las pymes o los sindicatos.
El antecedente más cercano fue el capítulo laboral de la Ley Bases, que finalmente fue frenado por la Justicia. “El Gobierno ya intentó una reforma laboral y fracasó. Creció el desempleo y la informalidad. No es el camino”, aseguró Gustavo Ciampa, abogado laboralista del Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales.
Ciampa también recordó que la legislación laboral no genera empleo por sí misma, sino que “preserva la dignidad del trabajador”. Para él, el problema de fondo no está en las leyes, sino en la política económica. “Si no se crea trabajo es porque la economía no crece. Lo que el Gobierno debería cambiar es su modelo económico, no las leyes que protegen a los asalariados”, remarcó.
Lo que viene: elecciones y conflicto social
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Gobierno apuesta a postergar el debate legislativo de la reforma laboral hasta después del 26 de octubre. La Casa Rosada considera que, con un Congreso renovado, podrá avanzar con mayor margen político. Sin embargo, los sindicatos ya anticiparon que no permitirán que el proyecto avance sin resistencia.
La CGT analiza convocar a un paro general si el Ejecutivo insiste con el envío del texto al Parlamento. Mientras tanto, los movimientos sociales preparan movilizaciones y campañas de concientización sobre los efectos que podría tener la reforma en el empleo y los salarios.
“Con esta iniciativa, el Gobierno consolida un modelo que gobierna para los especuladores financieros y no para los que viven de su trabajo”, resumió Recalde.
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