El Gobierno busca cerrar el año con dos leyes clave: el primer presupuesto de la gestión libertaria y la reforma laboral, una iniciativa que generó tensiones incluso entre aliados. Patricia Bullrich presiona para que el Senado active de inmediato las comisiones necesarias para avanzar con el proyecto y llevarlo al recinto el 19 de diciembre. La ministra quiere un dictamen esta misma semana, pese a que los propios senadores reconocen que el trámite será difícil.
El apuro desconcierta a bloques dialoguistas que no ven razones para un debate tan corto. Desde el peronismo remarcan que el oficialismo intenta aprobar una flexibilización pedida por Washington y advierten sobre un retroceso en derechos laborales. La CGT se ausentó de la presentación del informe final del Consejo de Mayo y convocó de urgencia a su Consejo Directivo.
Un Congreso en transición y tiempos al límite
Diputados y senadores electos asumirán este miércoles, pero la disputa por el control de las comisiones ya está en marcha. La Casa Rosada instruyó a Martín Menem y a Bullrich a aprobar presupuesto y reforma laboral antes de Navidad, un objetivo que deja al oficialismo con apenas diez días hábiles.
De las dos leyes, el presupuesto parece tener el camino más despejado, con votación prevista para el 17 o 18 de diciembre en Diputados. En cambio, la reforma laboral sigue sin presentarse de manera oficial. En el Senado explican que llegará recién el jueves, cuando el presidente Javier Milei regrese del exterior y firme el envío. Aun con esos plazos, Bullrich quiere que las comisiones estén formadas mañana mismo.
Señales de rechazo y un peronismo que se reorganiza
Unión por la Patria activó reuniones con dirigentes sindicales y definirá su estrategia esta semana. La diputada electa Teresa García calificó la reforma como “un claro retroceso en el mundo del trabajo”.
El gobernador Axel Kicillof también cuestionó la iniciativa: señaló que se trata de una réplica de las reformas de los años 90 y sostuvo que desfinancia la seguridad social. El peronismo retomó los lineamientos de su último documento partidario, que plantea que la reforma laboral “no nace en Argentina, sino en Washington”, como parte de las exigencias del FMI.
Ese espacio sostiene que no se opone a modernizar la legislación, pero sí a “disfrazar de reforma un proceso de precarización”. Propone tres ejes: recuperación salarial como motor de la economía, reducción de la jornada laboral para mejorar la calidad de vida y actualizaciones que amplíen derechos, incluyendo licencias, desconexión digital, cobertura para monotributistas y prevención de enfermedades vinculadas al trabajo.
El impacto sobre trabajadores formales e informales
El proyecto incorpora un capítulo para plataformas digitales, pero sin reconocer relación laboral. Repartidores y conductores seguirían como “independientes”, sin convenio, sin límite de jornada ni acceso a la Ley de Contrato de Trabajo. Para los especialistas, esto consolida un vacío normativo que afecta a trabajadores informales que apoyaron a Milei en las elecciones.
El abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano advierte que la reforma “invierte la presunción de laboralidad”, lo que dificultaría que trabajadores registrados como monotributistas reclamen derechos. Lo define como “la legalización del fraude laboral”.
También señala que dos medidas generan riesgos inmediatos: la baja de aportes a obras sociales y el financiamiento estatal de indemnizaciones. Según el especialista, esto podría poner en riesgo el sistema de salud y el sistema jubilatorio, además de aumentar la rotación laboral y llevar los despidos a niveles récord.
El paquete se completa con el banco de horas —que habilita cambios de horario decididos por el empleador— y un esquema de vacaciones que limita la posibilidad de tomarlas en verano. “No es modernización. Es desprotección”, resume Ottaviano.
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https://www.diputados.gov.ar/comisiones/permanentes/cpyhacienda/proyecto.html?exp=4340-D-2025
