Este viernes, el Poder Ejecutivo oficializó la reforma de la Ley 26.639 de Presupuesto Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Entorno Periglacial. A través de su publicación en el Boletín Oficial, el nuevo esquema de protección redefine los límites técnicos de lo que se considera zona protegida, abriendo la puerta a actividades económicas en áreas que anteriormente estaban bajo un estricto resguardo legal.
La medida surge en un contexto de fuerte debate legislativo y social, donde el oficialismo argumenta la necesidad de fomentar la inversión minera y energética, mientras que sectores científicos y ambientales advierten sobre una desprotección irreversible de las reservas de agua dulce del país.
El entorno periglacial ahora requiere pruebas de función hídrica para mantener su estatus de protección.
El nuevo alcance del entorno periglacial y sus implicancias
La modificación principal de la norma radica en la definición de las áreas protegidas. Mientras que la ley original (sancionada en 2010) protegía de manera genérica el ambiente periglacial, la nueva redacción establece criterios más restrictivos.
Ahora, para ser considerado «periglacial» y gozar de protección, el área debe cumplir con funciones hídricas probadas y tener una persistencia temporal específica, lo que reduce el inventario de zonas donde la actividad industrial está prohibida.
Los 3 pilares de la modificación técnica en la normativa
El texto promulgado introduce cambios en el Inventario Nacional de Glaciares y en la autoridad de aplicación.
Primero, se prioriza la protección de glaciares que tengan una superficie considerable y funciones ecosistémicas críticas. Segundo, se agilizan los permisos para proyectos de infraestructura en zonas aledañas. Finalmente, se establece que las provincias tendrán un rol más activo en la validación de los estudios de impacto ambiental, lo que para muchos analistas significa una descentralización del control federal.
Organizaciones ambientales califican la medida como un retroceso para la protección del agua dulce.
Reacción de organizaciones ambientales y el frente judicial
El anuncio no fue bien recibido por el arco ambientalista. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace han manifestado su rechazo absoluto, calificando la reforma como un retroceso en los derechos ambientales adquiridos. Según estas organizaciones, la reforma otorga una «licencia para destruir» ecosistemas frágiles en favor de la minería a cielo abierto.
Se espera que en los próximos días se formalice lo que describen como «la demanda colectiva más grande de la historia» para frenar la aplicación de estos cambios en la justicia.
Desafíos para la gestión de recursos hídricos en el futuro
Con la reforma ya en vigencia, el debate se traslada a la implementación técnica. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) deberá enfrentar el reto de actualizar el Inventario Nacional bajo las nuevas directrices. Mientras el Gobierno celebra la «modernización» de la ley para atraer capitales, la ciudadanía y la comunidad científica mantienen la alerta sobre la seguridad hídrica de las futuras generaciones ante el cambio climático.
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