El ARA San Juan naufragó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, mientras participaba en maniobras de detección de pesca ilegal en viaje de regreso hacia Mar del Plata, como consecuencia de una serie de desperfectos técnicos que desencadenaron una tragedia en la que murieron sus 44 tripulantes.
El Estado contrató a la empresa con sede en los Estados Unidos Ocean Infinity que movilizó hasta la zona al buque Seabed Constructor, que inició la búsqueda con familiares de la tripulación del ARA San Juan a bordo.
Finalmente, el 17 de noviembre de 2018, la Armada confirmó que el Seabed había detectado al submarino a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica, a la altura de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El hallazgo se produjo mediante el empleo de dispositivos submarinos y con un equipo de operación remota dotado de cámaras de alta definición.
La embarcación tenía el casco “totalmente deformado, colapsado e implosionado” y sin “aberturas de consideración”, partes de la hélice enterradas y restos desperdigados en un radio de 70 metros.
En la actualidad se siguen varias causas judiciales y además un Consejo de Guerra estableció sanciones disciplinarias para los mandos superiores de la Armada con responsabilidades en ese siniestro.
El presidente de ese entonces, Mauricio Macri, está involucrado en varias de las causas que van desde el propio estado de la embarcación hasta escuchas y espionaje ilegales a los allegados de las víctimas, causa de la que fue sobreseído en julio del 2022.
Miles de fojas, cajas con documentación y cuatro oficiales de la Armada señalados como los responsables del hundimiento es el estado en que se encuentra la investigación que lleva adelante el juzgado federal de Caleta Olivia a cargo de Marta Yáñez.
Todavía no se definió si se avanzará en el proceso penal sobre el expresidente Mauricio Macri, su ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.
Sí están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado: el marino Luis Enrique López Mazzeo (Comando de Adiestramiento y Alistamiento); Claudio Villamide (Comando de la Fuerza de Submarinos); Héctor Alonso (Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento); y Hugo Correa (Jefe del Departamento de Operaciones).
