El Ministerio de Capital Humano vuelve a estar en el centro de la polémica. Empleados de la zona denunciaron que en el mismo galpón de Villa Martelli donde el Gobierno había almacenado los alimentos destinados a comedores populares, ahora funciona un presunto desarmadero de autos oficiales del Estado. La Justicia ya abrió una investigación y el caso quedó en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Escándalo en Capital Humano, la denuncia
La denuncia fue presentada por trabajadores del área que aseguraron que, en el predio de Florida, se desmantelan vehículos pertenecientes a distintas dependencias del Ministerio de Capital Humano.
Según informó el periodista Ariel Zack en el programa Minuto Uno (C5N), el fiscal federal Federico Iuspa impulsó la acción penal y ordenó reunir pruebas para investigar el presunto “desarmadero a cielo abierto” que opera bajo la órbita del ministerio.
Empleados y periodistas apuntan al área de patrimonio
El responsable del área de patrimonio del Ministerio, Juan Carleso, deberá responder ante la Justicia. De acuerdo con el testimonio de los empleados, el lugar funcionaba como un taller de reparación de autos oficiales, pero con el tiempo se habría convertido en un “cementerio de autos”.
“Se les pedía a administrativos que trabajaran como mecánicos. Hoy el predio está lleno de autos sin capot, sin ruedas, y sin las fajas que deberían tener como patrimonio estatal”, sostuvo Zack.
La Justicia avanza en la causa
La jueza Sandra Arroyo Salgado quedó a cargo de la investigación, mientras que el fiscal Iuspa ya dispuso las primeras medidas de prueba.
Gustavo “Gato” Sylvestre advirtió que la mayoría de los vehículos están siendo desmantelados sin control. “Hay un negocio detrás porque las autopartes tienen un alto valor, muchas son importadas. Esperemos que la Justicia actúe con rapidez”, expresó el periodista.
Otro frente judicial: investigan a Pettovello por malversación
Este nuevo escándalo en Capital Humano se suma a otra causa que involucra directamente a la ministra Sandra Pettovello. En abril, el fiscal federal Franco Picardi pidió investigar presuntas irregularidades en una licitación y en la transferencia de $14.000 millones al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El fiscal solicitó que la Jefatura de Gabinete remita la documentación sobre la resolución RESOL-2024-30-APNMCH, que autorizó el envío de esos fondos en el marco del proyecto “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”.
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