El Gobierno de Javier Milei avanzó con una medida de alto impacto sobre el sistema de control industrial argentino: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dejará de realizar más de mil verificaciones vinculadas a la calidad y seguridad de productos en todo el país.
La decisión fue formalizada a través de la Resolución 42/2026, que establece la interrupción de 1.004 servicios técnicos que el organismo venía prestando en distintos sectores productivos. Con esta modificación, gran parte de las tareas de inspección y certificación quedarán bajo responsabilidad directa de las empresas privadas.
La normativa dispone que la medida tenga efecto inmediato, aunque aclara que los contratos y compromisos vigentes se mantendrán hasta su finalización. Además, se prevé un proceso de transición y la conservación de los registros históricos generados durante casi siete décadas de funcionamiento del instituto.
Sectores clave sin supervisión estatal
El alcance de la resolución impacta en áreas consideradas críticas. Entre ellas, la industria alimentaria, donde se dejarán de realizar análisis químicos, microbiológicos y sensoriales sobre productos como carnes, lácteos, aceites, azúcares y bebidas.
Esto implica que ya no se efectuarán controles para detectar bacterias como salmonella o escherichia coli, ni se evaluará la interacción entre envases y alimentos. También se verán afectados los controles sobre la calidad del agua y los efluentes industriales.
En el ámbito de la construcción, dejarán de verificarse estándares de seguridad en materiales, mientras que en sectores como transporte, energía, electrónica, telecomunicaciones y salud, la supervisión técnica quedará en manos privadas.
Argumentos oficiales y debate
Desde el Gobierno sostienen que la medida responde a la necesidad de reducir la intervención estatal y promover la competitividad. Según los considerandos de la resolución, el avance tecnológico del sector privado permite revisar el rol del Estado en estas tareas.
También se plantea que los controles públicos podrían generar distorsiones en el mercado y desalentar inversiones. En esa línea, se impulsa una “simplificación” de procesos como forma de mejorar la regulación.
Sin embargo, la decisión abre un debate sobre los riesgos de eliminar controles independientes en áreas sensibles, donde la seguridad del consumidor depende de evaluaciones técnicas objetivas.
El respaldo de Sturzenegger
El ministro Federico Sturzenegger respaldó la medida públicamente. En redes sociales, sostuvo que el INTI representaba una carga para el Estado al ofrecer servicios a bajo costo financiados por los contribuyentes.
Desde su perspectiva, esos servicios implicaban un subsidio indirecto a empresas, y su eliminación forma parte de una política más amplia de desregulación económica.
