El sistema educativo de Mendoza atraviesa semanas de tensión debido a una persistente ola de amenazas de bomba y actos vandálicos.
Ante esta situación, el Gobierno provincial, a través de la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Seguridad, ha decidido pasar a la ofensiva legal y administrativa para frenar estas conductas que afectan el normal dictado de clases.
Hasta la fecha, se han registrado incidentes en más de 200 establecimientos educativos, lo que derivó en la apertura de causas judiciales contra 25 menores. De este grupo, 6 alumnos ya fueron formalmente imputados por el delito de intimidación pública, una figura legal que conlleva graves consecuencias no solo para los estudiantes, sino también para sus tutores legales.
Acciones legales y administrativas frente a la intimidación pública
La DGE ha sido contundente al presentar 19 denuncias penales formales relacionadas con pintadas y amenazas telefónicas. Las autoridades advirtieron que los padres de los menores involucrados deberán responder civilmente por los costos operativos que implica movilizar al personal policial y a la Brigada de Explosivos.
En el ámbito escolar, la respuesta ha sido igual de drástica. Se confirmó que un alumno ya fue expulsado de su institución, mientras que otros enfrentan cambios de modalidad educativa. El objetivo de estas medidas es enviar un mensaje de «tolerancia cero» ante actos que, lejos de ser bromas estudiantiles, constituyen delitos que alteran el orden público.
Personal policial custodiando las inmediaciones de un establecimiento educativo.
Cambios en los protocolos policiales y prevención
Debido a la masividad de los llamados, el Ministerio de Seguridad ha modificado los protocolos de actuación. Anteriormente, cada amenaza implicaba la evacuación inmediata y total del edificio; ahora, se realiza una evaluación de riesgo previa por parte de especialistas para evitar la pérdida innecesaria de días de clases, sin comprometer la integridad física de la comunidad educativa.
El Gobierno continúa reforzando las acciones preventivas mediante charlas de concientización y el monitoreo de redes sociales, donde suelen gestarse estos desafíos virales. Se insta a las familias a dialogar con los jóvenes sobre la gravedad de estos hechos, que hoy ya tienen a varios adolescentes mendocinos rindiendo cuentas ante la Justicia.
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