La lucha antigranizo en Mendoza volvió a quedar en el centro de la escena tras las idas y vueltas del Gobierno provincial sobre el destino de los aviones que operaban en el oasis Sur. El diputado Germán Gómez cuestionó la postura oficial y advirtió que los municipios no están en condiciones de asumir el costo del sistema.
Aviones antigranizo: de la cesión a la venta
En diálogo con LV18, Gómez calificó al Gobierno provincial como “un gobierno de contradicciones” y apuntó directamente contra el ministro de Gobierno, Natalio Mema.
Según explicó, primero se anunció que dos aeronaves serían puestas a disposición de San Rafael y General Alvear. Sin embargo, luego surgió la aclaración de que los municipios deberían comprarlas si querían quedarse con ellas.
Para el legislador, el cambio de postura deja un problema de fondo sin resolver: quién financiará la operación de los aviones.
“El sistema ha dado resultados positivos”
Gómez sostuvo que la lucha antigranizo ya fue evaluada durante dos temporadas y que, según las verificaciones realizadas, demostró ser efectiva.
“El sistema ha dado resultados positivos, ha sido eficiente, por ende corresponde a la provincia retomar el programa”, afirmó durante la entrevista.
El diputado insistió en que no alcanza con entregar las aeronaves. El esquema requiere pilotos, combustible, mantenimiento especializado y otros recursos que los municipios no tendrían capacidad de afrontar.
La deuda de Alvear y el costo que preocupa a San Rafael
Gómez puso como ejemplo la situación de General Alvear. Aseguró que el municipio mantiene una deuda de $150 millones con el fideicomiso vinculado al servicio aeronáutico privado.
“¿De dónde va a sacar plata Alvear para comprar un avión?”, cuestionó.
Además, remarcó que San Rafael tampoco estaría en condiciones de sostener por sí solo una estructura de estas características.
El reclamo por la responsabilidad provincial
La discusión ahora queda atada a una pregunta central: ¿quién debe pagar y administrar la lucha antigranizo en Mendoza?
La posición de Gómez es contundente: “La lucha antigranizo tiene que hacerse, se ha probado su efectividad y tiene que hacerse con recursos provinciales. Punto”.
La definición vuelve a poner presión sobre el Ejecutivo provincial, justo cuando comienza una etapa sensible para la producción del Sur mendocino.
