El gasto de $32.350 millones para la comida en las cárceles de Mendoza quedó bajo cuestionamiento luego de que el diputado justicialista Germán Gómez criticara la decisión del Gobierno provincial de prorrogar por decreto el contrato vigente, sin convocar a una nueva licitación pública.
Cuestionan la prórroga del contrato millonario
El presidente del bloque de diputados justicialistas advirtió que el procedimiento impide que otras empresas puedan competir por la prestación del servicio alimentario en los establecimientos penitenciarios. Según sostuvo, una convocatoria abierta permitiría comparar ofertas y evaluar alternativas para mejorar las prestaciones.
Gómez señaló que ya existían antecedentes de cuestionamientos sobre estas contrataciones. Afirmó que en el proceso anterior se dio continuidad al servicio sin completar todas las etapas y cuestionó que ahora se vuelva a extender el vínculo con la misma empresa.
Reclaman una licitación pública en Mendoza
El legislador sanrafaelino calificó de preocupante la falta de transparencia que, a su entender, caracteriza el manejo del contrato. También planteó que podrían existir otros proveedores capaces de ofrecer mejores servicios, pero que no tienen la posibilidad de participar si no se abre una nueva competencia.
La controversia pone el foco en el mecanismo elegido para garantizar la alimentación en las cárceles mendocinas y en el control de una contratación de $32.350 millones. El reclamo opositor apunta a que el Gobierno convoque a una licitación pública que permita la participación de distintos oferentes.
