Con los decretos 409/2025 y 397/2025, el gobierno de Javier Milei dio un giro radical en la regulación de la tenencia de armas en Argentina. Bajo el argumento de “modernizar” una ley vigente desde 1975, el Ejecutivo habilitó una mayor libertad para adquirir, portar y conservar armas, incluyendo modelos semiautomáticos de uso militar.
De ley rígida a control administrado: qué cambió
Los nuevos decretos reforman la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 20.429 y flexibilizan el control estatal sobre armamento. Entre los principales cambios:
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Se extiende la vigencia de la credencial de legítimo usuario a cinco años, salvo para personal institucional, cuyo permiso solo caducará si lo pide su fuerza.
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Se elimina la renovación anual obligatoria para el personal activo de fuerzas armadas, policiales y penitenciarias.
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Se autoriza a las propias fuerzas a decidir sobre la portación de armas de guerra, sin intervención previa obligatoria de la ANMAC.
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Se levanta la prohibición general sobre armas semiautomáticas de uso militar, como fusiles y subametralladoras, permitiendo su acceso a legítimos usuarios con fines “deportivos”.
Riesgos de una flexibilización sin control real
El discurso oficial pone el foco en la “eficiencia administrativa” y la “adecuación normativa”. Sin embargo, esta flexibilización de la tenencia de armas abre la puerta a múltiples riesgos:
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Relajación del control estatal efectivo: la ANMAC queda relegada a un rol de registro y notificación, mientras las fuerzas deciden por sí mismas quién puede portar armas, incluso de guerra.
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Mayor circulación de armas de uso militar en manos civiles, aunque bajo supuestos “deportivos”, en un país con altos niveles de violencia armada.
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Ambigüedad en los requisitos y la fiscalización, con criterios de evaluación que dependen de cada institución, lo que puede generar disparidad y arbitrariedad.
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Debilitamiento de los controles post mortem: las armas de usuarios fallecidos podrán transferirse con menos obstáculos, facilitando su permanencia en circulación.
El caso de las armas semiautomáticas: una línea que se borra
El Decreto 397/2025 marca un antes y un después en el tratamiento legal de armas derivadas del uso militar. Antes prohibidas de forma general, ahora podrán ser autorizadas con criterios “administrados”. Esto significa que fusiles, carabinas y subametralladoras pueden terminar en manos de civiles si se alegan motivos deportivos o de colección.
La experiencia comparada muestra que cada vez que se aflojan los controles sobre armamento, aumentan las situaciones de violencia, accidentes, desvíos ilegales y abusos. Esta medida, lejos de fortalecer la seguridad, puede terminar debilitándola.
¿Modernización o retroceso?
Desde el gobierno, la medida se presenta como una adecuación técnica. Pero el enfoque ideológico es claro: menos Estado en el control de armas. El riesgo, sin embargo, es que esta liberalización ponga en peligro a la sociedad que dice querer proteger. En un país donde la tenencia de armas ya es un problema, estas reformas podrían empeorar el escenario.
Tenencia de armas, los riesgos
Los cambios introducidos por los Decretos 409/2025 y 397/2025 sobre la tenencia de armas en Argentina abren la puerta a varios riesgos concretos, tanto a nivel institucional como social. Aquí están los principales:
1. Menos control estatal, más discrecionalidad institucional
Delegar la autorización de tenencia y portación a las propias fuerzas (militares, policiales, penitenciarias) reduce el poder fiscalizador de la ANMAC y abre la posibilidad de criterios laxos o politizados para decidir quién puede portar armas, incluso de guerra.
2. Mayor circulación de armas de guerra en el ámbito civil
Al permitir que legítimos usuarios adquieran armas semiautomáticas de uso militar, se amplía el acceso a armamento de alto poder. Aunque se alegue uso deportivo, esto incrementa el potencial letal de la sociedad civil, lo cual es riesgoso en un contexto de creciente violencia armada.
3. Transferencias poco claras de armas tras fallecimientos
El cambio se justifica en parte para resolver “irregularidades” en la herencia de armas, pero al flexibilizar la transferencia, se debilita el control sobre el destino final de ese material bélico. Esto puede facilitar su reventa ilegal o el desvío a circuitos delictivos.
4. Relajación de exigencias para las fuerzas de seguridad
Eliminar la renovación anual para el personal activo y dar por sentada su idoneidad (evaluada por su propia institución) abre un riesgo de negligencia, especialmente en casos donde haya problemas psicológicos, adicciones o antecedentes no reportados.
5. Riesgo de acumulación y falta de trazabilidad
La eliminación de renovaciones frecuentes y la vigencia extendida de credenciales puede llevar a que haya muchas armas activas, pero mal registradas o sin actualización real, dificultando la trazabilidad en casos de delitos o pérdidas.
6. Peligro de uso indebido en contextos sociales o políticos tensos
Una mayor tenencia de armas en manos de civiles, sumada a un clima político polarizado o conflictivo, puede multiplicar los episodios de violencia espontánea o premeditada, como linchamientos, represalias armadas o tiroteos por disputas menores.
7. Débil fiscalización externa
La ANMAC pasa de ser un ente regulador a un receptor de informes. Si no se refuerzan sus capacidades de auditoría y control, el sistema dependerá únicamente de la voluntad y transparencia de las fuerzas, lo cual es un escenario ideal para irregularidades.
Más información sobre el tema
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/327093/20250618
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/327091/20250618
https://lv18.com.ar/masacre-en-una-escuela-de-austria-tiroteo-en-graz/
