El conflicto por los preventores en San Rafael volvió al centro de la escena tras las declaraciones de Francisco Perdigues, actual director de Auditoría del municipio y concejal electo, quien asumirá su banca el 30 de abril.
En una entrevista en LV18, el funcionario repasó el origen del litigio judicial, cuestionó la aplicación de la ley provincial y puso el foco en lo que considera un punto clave: la defensa de la autonomía municipal frente a decisiones centralizadas.
“El municipio planteó una acción de inconstitucionalidad porque entiende que la ley afecta la autonomía administrativa, financiera y económica”, explicó.
El origen del conflicto judicial
El conflicto se remonta a la sanción de la Ley 9.024 de tránsito en Mendoza, que introdujo la figura de los preventores municipales. Según Perdigues, San Rafael cuestionó desde el inicio su implementación.
“El juicio viene desde 2018. Primero fue una acción de inconstitucionalidad y luego la Corte lo transformó en un conflicto de poderes”, detalló.
El proceso avanzó lentamente, aunque en el último año comenzó la etapa de producción de pruebas.
Críticas a la ley: falta de conocimiento del territorio
Uno de los ejes más fuertes de la entrevista fue la crítica a cómo se diseñó la normativa provincial.
“No se miró a todos los departamentos de la misma forma”, sostuvo Perdigues.
El funcionario explicó que el radio de aplicación de los preventores no contempla la realidad territorial de San Rafael, donde los distritos quedan incluidos dentro de un área extensa que requiere una estructura mucho mayor.
“A veces hay un desconocimiento del territorio que es total”, afirmó.
El problema del financiamiento
Otro punto central es el financiamiento del sistema. Según Perdigues, la ley establece un esquema que resulta inviable.
“La forma de recaudar es el 25% de las multas. Es un sistema meramente sancionatorio, no educativo”, explicó.
Y fue más directo: “Tenés que salir a multar para poder sostener el sistema. Está mal pensada la ley”.
Incluso mencionó dificultades en otros departamentos: “Hay lugares donde no saben cómo mantener el sistema y hasta reducen sueldos”.
Autonomía municipal en el centro del debate
Perdigues insistió en que el conflicto excede lo operativo y se convierte en una discusión institucional.
“Esto hace a la autonomía municipal. Cómo se administran los recursos de San Rafael y en qué se gastan”, señaló.
También vinculó este punto con la futura carta orgánica, que podría reforzar esa autonomía.
El rechazo de la Corte a los “amicus curiae”
Durante el proceso, concejales de la oposición intentaron intervenir como “amigos del tribunal”. Sin embargo, la Corte rechazó su participación.
“No acreditaron conocimiento técnico ni experiencia. La Corte fue clara en eso”, explicó.
Y agregó: “Un tercero tiene que demostrar que sabe del tema. No alcanza con ser concejal”.
Un posible precedente para otros municipios
El funcionario anticipó que el fallo podría tener impacto más allá de San Rafael.
“Se va a armar un lío bárbaro. Muchos municipios se pueden sumar a esta discusión”, advirtió.
Incluso mencionó que el caso podría influir en otras provincias, donde existen situaciones similares.
Seguridad vial y responsabilidad del Estado
Perdigues también cuestionó que la provincia delegue funciones sin transferir recursos.
“Si trasladás un servicio, también tenés que trasladar el financiamiento. Si no, es imposible”, sostuvo.
Y comparó la situación con otros casos del país, como la transferencia de competencias en seguridad o salud.
Cómo sigue la causa
El proceso judicial continúa en etapa de prueba y luego avanzará hacia los alegatos.
“El juicio sigue su curso y después vendrá la sentencia”, indicó.
Mientras tanto, el municipio mantiene su postura: implementar políticas de seguridad vial acordes a sus capacidades y necesidades locales.
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